La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que las injerencias indebidas de la Fiscalía en el proceso electoral de Guatemala pusieron en riesgo la transición presidencial y el orden constitucional en la nación centroamericana, a poco más de un mes de la fecha fijada de entrega de poder al mandatario electo Bernardo Arévalo.

12/01/2023. La Comisión instó al Estado de Guatemala a “cesar las acciones injerencistas del Ministerio Público que atentan contra el orden democrático y la voluntad soberana de la población”, expresó la secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi. “Urge respetar y garantizar el proceso de transición presidencial”, aseguró.
La funcionaria efectuó sus declaraciones en una breve presentación que hizo ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en su sede de Washington, transmitida en vivo en internet.
Su advertencia tuvo lugar casi dos semanas, después de que la fiscalía guatemalteca solicitara el retiro de inmunidad de Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera y otras personas para investigarlos por supuestamente haber alentado la toma de la única universidad pública del país a través de mensajes en las redes sociales.
La Fiscalía General de Guatemala, liderada por Consuelo Porras, arremetió contra el proceso electoral, contra el presidente electo y contra su partido político, el Movimiento Semilla, así como contra magistrados electorales y más de 125.000 ciudadanos que participaron en la recolección, conteo y resguardo de los votos de millones de personas.

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Miles de manifestantes liderados por organizaciones indígenas han salido a las calles a protestar, paralizando a la nación con el cierre de carreteras. Las protestas comenzaron hace casi dos meses frente a la fiscalía y en reclamo de la renuncia de Porras.
En la sesión del Consejo Permanente, Reneaum enfatizó que la CIDH está preocupada por las acciones de la fiscalía guatemalteca y dijo que ponen en evidencia “el ejercicio abusivo del poder y la falta de independencia en el ejercicio de la acción penal, instrumentalizada con fines políticos”.
Tras su presentación numerosos países, entre ellos Colombia, Costa Rica, Chile, Uruguay y Estados Unidos, pidieron la palabra para manifestar su preocupación.

Redacción con IA supervisada por periodista de DHH sobre información de eldiario.net