Estados Unidos se encuentra en alerta diplomática máxima para evitar una posible manipulación en los resultados de las elecciones presidenciales de Honduras, fijadas para el próximo domingo 30 de noviembre.
11/23/2025. La preocupación central radica en el estado de excepción dictado por la presidenta hondureña, Xiomara Castro, una medida que, según advierte la diplomacia republicana, podría utilizarse para torcer el resultado de los comicios, de manera similar a como ocurrió en Venezuela bajo Nicolás Maduro.
Ofensiva diplomática en la OEA
La gravedad de la situación ha impulsado a Estados Unidos, acompañado por Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay, a solicitar una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para abordar el «Caso Honduras» este martes. El objetivo diplomático compartido por estos gobiernos es «preservar la democracia en América Latina» y evitar que los comicios hondureños terminen como las elecciones presidenciales de Venezuela.
El subsecretario de Estado, Chris Landau, lidera esta ofensiva diplomática para prevenir la repetición del fraude electoral venezolano. Landau expresó en redes sociales su «profunda preocupación» por la integridad de las elecciones, una inquietud que le fue transmitida por representantes clave del sector empresarial hondureño. Además, señaló que los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) —encargado de organizar y certificar al ganador— han sido objeto de intimidación y acoso.
El riesgo del estado de excepción
El estado de excepción dictado por la presidenta Castro es ejecutado por las Fuerzas de Seguridad y cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas, que están alineadas con las decisiones del gobierno populista. Esta situación otorga a Xiomara Castro el control operacional de las principales ciudades de Honduras antes, durante y después de los comicios. Esta ventaja táctica podría ser utilizada para reprimir las protestas que surgieran a raíz de un eventual fraude electoral.
Las preocupaciones de Landau no se limitan al CNE; también advirtió que el Congreso ha sido reemplazado por una «Comisión Permanente» de nueve miembros que, a su juicio, «obviamente carece de legitimidad» para abordar asuntos trascendentales como la declaración de un ganador, en caso de que el CNE no pueda hacerlo.
El ajedrez diplomático y los operadores oficialistas
Tras conocerse el pedido formal de Estados Unidos a la OEA, la presidenta Castro envió a Washington al canciller Javier Bu Soto para una reunión urgente con Albert Ramdin, secretario General de la OEA. En ese encuentro, Bu Soto intentó suspender la sesión del Consejo Permanente, pero fue «derrotado por las asimetrías geopolíticas,» ya que Ramdin le informó que no podía cancelar la reunión.
Ante el fracaso político, el canciller hondureño ordenó al embajador ante la OEA, Carlos Quesada (@BigQuesada), presentar una nota verbal para incorporar a dos panelistas en la orden del día: el consejero Marlon Ochoa del CNE y el magistrado propietario Mario Morazán del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
La estrategia detrás de esta solicitud es presentar a dos «operadores políticos propios» como si fueran funcionarios independientes de la justicia hondureña. Sin embargo, la trayectoria de ambos panelistas está ligada al oficialismo: Morazán construyó su carrera por sus vínculos gubernamentales, y Ochoa fue previamente secretario de Finanzas de la presidenta Castro.
Un detalle notable es que Marlon Ochoa, el miembro oficialista del CNE, participó en un ataque incendiario contra la embajada de Estados Unidos en 2019, razón por la cual su visa fue cancelada por el Departamento de Estado.
El embajador Quesada, por su parte, publicó un video asegurando que el proceso electoral «va dentro de la normalidad» y que las denuncias de fraude son fake news, sin mencionar el estado de excepción dictado por Castro.
Tensión electoral y acusaciones cruzadas
La campaña presidencial se centra en tres candidatos principales: Rixi Moncada (oficialista), Nasry Asfura (opositor), quien encabeza las encuestas por diferencia técnica, y Salvador Nasralla (neo oficialista), que fue vicepresidente de Castro.
El ambiente preelectoral, a una semana de los comicios, se define por la tensión, la violencia política y las denuncias de fraude. Los conflictos internos entre los consejeros del CNE y los magistrados del TJE han minado la confianza en ambas instituciones.
Un aspecto inédito de este proceso 2025 es que las denuncias de fraude electoral se están presentando de manera anticipada. Tradicionalmente, estas acusaciones se realizaban después del cierre de la votación y venían desde el partido que gobierna. Ahora, la denuncia de fraude proviene tanto del partido de gobierno como de los partidos de oposición.
El candidato Salvador Nasralla, en un mensaje dirigido a Nicolás Maduro y a Mel Zelaya, solicitó que permitan que haya «elecciones limpias, elecciones donde se exprese la voluntad popular».
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La división ideológica en la OEA
Mientras Estados Unidos y sus aliados buscan preservar la democracia, otros países influyentes en la región están utilizando sus misiones diplomáticas en la OEA para apoyar la postura oficialista de Castro.
Brasil, Colombia y México sostienen que Estados Unidos busca influir en los resultados electorales y acusan a Donald Trump de usar la OEA para perjudicar al gobierno de Castro, el cual reivindica a Cuba, Nicaragua y Maduro. La burocracia de la OEA, y el silencio del secretario General Ramdin, parecen acercarse a las posiciones de Lula da Silva, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum.
De hecho, la Secretaría General no quiere permitir que los observadores del foro regional que trabajan el Caso Honduras participen en la sesión del martes. En su lugar, al final de la sesión, hablaría Ramdin, quien «nunca condenó el fraude electoral cometido por Maduro». El temor principal de la ofensiva diplomática es precisamente que Honduras replique esa misma historia.
Redacción Elena Calzadilla para DHH
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