Semidesnudos y atados: plan Bukele se aplica en Honduras

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En Honduras la respuesta de las autoridades civiles y militares ante una ola de violencia que incluso impactó severamente en una prisión, ha sido la militarización y el estado de excepción. Erika Guevara, directora regional de Amnistía Internacional, sostiene que el Gobierno de Xiomara Castro optó por replicar el «populismo punitivo» del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

Los anuncios de mano dura contra las bandas criminales que operan dentro de las cárceles, han sido la respuesta tras los sucesos del 20 de junio, cuando 46 reclusas murieron calcinadas y tiroteadas en un motín que, según el Gobierno, protagonizaron integrantes de las pandillas rivales Barrio 18 y Mara Salvatrucha, en una cárcel cercana a Tegucigalpa, la capital hondureña.

Con cerca de año y medio en el poder, la presidenta Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, ya había decretado un estado de excepción a inicios de año, una medida que fue reforzada el pasado lunes para incluir un toque de queda en algunas localidades del país centroamericano donde se han registrado altos índices de muertes violentas.

Ese mismo día el Gobierno y altos mandos militares anunciaron la militarización de las cárceles en Honduras, en acciones que simbólicamente parecen asociadas a las ya tomadas en El Salvador por Bukele, con gran nivel de aceptación social según muestran las encuestas de ese país.

Al igual de lo que ocurre con Bukele, sobre el Gobierno de Castro de Zelaya han comenzado a difundirse cuestionamientos de las principales organizaciones de derechos humanos, tanto de Honduras como del exterior.

Evelyn Escoto, comisionada del Centro Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes de Honduras, afirmó a la BBC que la militarización de las cárceles es una «involución desde la mirada de los derechos humanos».

A través de sus redes sociales, también manifestaron disconformidad Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

«Es fundamental reducir el hacinamiento, dado que los guardias son incapaces de tener el control en prisiones sobrepobladas, así como disminuir el uso de la prisión preventiva, que en Honduras abarca a casi la mitad de la población carcelaria, y garantizar condiciones dignas y oportunidades laborales y educativas para los reclusos», argumentó Carlos Muñoz, director asociado de HRW para las Américas.

Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, señaló que el Gobierno de Castro, «en total despliegue bukelista de populismo punitivo«, estaba replicando «políticas fallidas de seguridad que solo profundizan un contexto de crisis de derechos humanos».

El Gobierno y las fuerzas armadas de Honduras han difundido ampliamente imágenes y vídeos que muestran el sometimiento de centenares de detenidos, a quienes simbólicamente se les presenta doblegados ante el poder militar.

«Hemos visto estas imágenes y dan escalofrío, en realidad, en el sentido de que se avecina, de continuar así lo que ha presentado el ministro de Defensa como un gran logro de los militares (…) han difundido muchos videos y fotografías donde presentan a los encarcelados desnudos, en el piso, como una calca, una copia del modelo de Bukele», asegura a DIARIO DE CUBA la periodista hondureña Dina Meza desde Tegucigalpa.

Para Meza lo que ha ocurrido en Honduras después de los anuncios oficiales ha sido, por la vía de los hechos, una militarización ya que, además de llevar uniformados a las cárceles, también se les ha puesto en las calles. «Es una medida que contradice el plan de Gobierno de Xiomara Castro, porque había dicho que los militares iban a regresar a los cuarteles ya que no están entrenados para actividades en el mundo civil», recalca Meza.

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El expresidente Zelaya, quien fue destituido por un golpe de Estado en 2009 tras promover una Asamblea Nacional Constituyente y que, siendo el esposo de la presidenta, actúa como su asesor en varios temas, incluso en asuntos de seguridad, confirmó que el operativo denominado «Fe y Esperanza» pretende que estos centros de reclusión «dejen de ser escuelas del crimen».

«Nuestra misión es derrotar el crimen organizado que está en las cárceles», aseveró Zelaya. Según lo que han exhibido públicamente las fuerzas armadas en las prisiones tomadas han sido decomisadas armas, teléfonos satelitales, granadas y droga. El plan es que el Ejército tenga el control de las cárceles por un año.

A juicio de Dina Meza, corresponsal de Reporteros In Fronteras en Honduras, toda la actuación de los últimos días «tiene otra cosa de fondo», ya que «se pretende atacar al crimen organizado solamente con la represión en las cárceles, sin atacar los factores estructurales que han facilitado la penetración del crimen organizado y el narcotráfico en Honduras».

En su opinión, se «debe depurar tanto a la Policía militar como al propio Ejército ya que están involucrados en el narcotráfico, esto quedó evidenciado en el caso de la captura y posterior extradición a EEUU del expresidente Juan Orlando Hernández«.

El expresidente de Honduras está siendo juzgado por la Justicia de EEUU por «narcotráfico patrocinado por el Estado». Fue extraditado hace un año.

Según Meza, el caso de Hernández y la documentación previa que procesó EEUU, develaron que una parte importante de la institucionalidad hondureña «fue cómplice y no ha ocurrido una depuración en esos poderes» desde que Castro asumió el poder en enero de 2022.

Finalmente, además de la intervención militar en las cárceles, el Gobierno de Castro decretó un toque de queda desde las 9:00PM a las 4:00AM para las ciudades de Choloma y San Pedro Sula (una de las más grandes del país), que han sido fuertemente afectadas por la violencia. Asimismo ha ratificado la existencia de un estado de excepción que originalmente fue decretado en diciembre pasado.

Redacción DHH con información pública de diariodecuba.com