El Congreso de El Salvador, que ostenta una amplia mayoría oficialista, ha tomado una decisión trascendental en el ámbito político y judicial del país centroamericano. Este viernes, mediante una votación que contó con 78 votos a favor de los 84 diputados que conforman esta entidad legislativa, se retiró la inmunidad parlamentaria al diputado opositor Alberto Romero.

09/01/2023. Esta medida, sin duda, marca un hito en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en El Salvador.

La acusación que pesa sobre el diputado Romero proviene de la Fiscalía General de la República, que sostiene que su patrimonio experimentó un aumento «sin justificación» de más de 1.16 millones de dólares. El fiscal general, Rodolfo Delgado, presentó la solicitud de desafuero ante el Congreso, basándose en una condena civil previa que ordenó a Romero devolver 445,766 dólares al Estado al no poder justificar su origen. Este indicio, emanado de una resolución judicial, condujo a una ampliación de las investigaciones por parte de la Fiscalía.

El proceso legal en contra del diputado se originó después de una exhaustiva investigación de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Según la Fiscalía General de la República, «el funcionario no pudo justificar el origen de los fondos», lo que resultó en la presentación de una demanda civil en mayo pasado en contra de Romero y dos de sus familiares.

Alberto Romero, quien representó al departamento de Cuscatlán en el Congreso entre mayo de 2009 y abril de 2015 como miembro de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), ahora se enfrenta a un proceso penal que podría tener repercusiones significativas en el panorama político salvadoreño.

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Es importante destacar que esta no es la primera vez que altos funcionarios políticos en El Salvador enfrentan consecuencias legales por presunta corrupción. La CSJ ha iniciado procesos similares contra ex presidentes como Elías Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014), lo que subraya el compromiso de las instituciones salvadoreñas en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

La retirada de la inmunidad parlamentaria a Alberto Romero demuestra el compromiso de las autoridades salvadoreñas en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito político. Este caso, que se suma a otros esfuerzos anticorrupción en la región, pone de manifiesto la importancia de mantener una vigilancia constante sobre el manejo de los recursos públicos y la conducta ética de los funcionarios electos. El proceso penal que aguarda al diputado Romero será un ejemplo crucial de cómo las instituciones judiciales de El Salvador abordan los casos de corrupción en el país.

Redacción DHH con información pública de diariolibre.com

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