Así figura en los fundamentos publicados este jueves por los tres jueces que, en diciembre pasado, condenaron a la vicepresidenta de Argentina Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cristina Kirchner mantuvo durante su Gobierno “vínculos promiscuos y corruptos” con un empresario encargado de la obra pública en Santa Cruz, la provincia patagónica que es cuna política de su movimiento político. Así figura en los fundamentos publicados este jueves por los tres jueces que, en diciembre pasado, condenaron a la vicepresidenta de Argentina a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los argumentos judiciales fueron muy duros con Kirchner. Los jueces la consideraron cabeza de una organización creada desde el Estado destinada a beneficiar con contratos millonarios a Lázaro Báez. El empresario, a su vez, vez retribuía “los beneficios indebidamente obtenidos” mediante negocios espurios con “las empresas familiares de la expresidenta”.

La condena, fundamentada en 1616 páginas, estuvo estructurada en su mayor parte sobre tres pruebas: un decreto de 2009 que permitió a Vialidad Nacional contar con fondos suficientes para pagar a Báez, los negocios paralelos que el empresario tenía con Kirchner ―como la administración de hoteles― y una serie de chats con un alto funcionario del ministerio de Obras Públicas que demuestran, según la lectura que hizo el tribunal, que la expresidenta ordenó borrar todo rastro de corrupción tras perder las elecciones en 2015.

“La política pública que su Gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica [Santa Cruz], en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, escribieron los jueces.

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“La magnitud de la empresa criminal aquí investigada supuso una planificación y sofisticación magnífica en la que actuaron diferentes niveles administrativos encolumnados bajo una misma finalidad”, esto es, enriquecerse a costa del dinero del Estado, consideraron los magistrados. El cálculo judicial del desfalco ascendió a 84.800 millones de dólares, unos 410 millones de dólares al tipo de cambio actual. Para los jueces, la relación comercial entre Kirchner y Báez fue tan estable que “abarcó prácticamente tres mandatos presidenciales”, si se cuenta el Gobierno de su marido, Néstor Kirchner, iniciado en 2003. En el listado de negocios conjuntos, los jueces incluyeron compraventa de inmuebles, fideicomisos para construcciones, permutas y préstamos de dinero. Los jueces advirtieron que esos negocios crecían “en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad”.

Los abogados de Kirchner tienen ahora 10 días para apelar la sentencia, que deberá ser revisada por un tribunal de segunda instancia. Lo mismo harán el resto de los condenados, entre ellos el propio Lázaro Báez, que ya cumplía una pena de 12 años de cárcel por lavado de dinero. El exsecretario de Obras Públicas José López, famoso por ser atrapado in fraganti cuando intentaba ocultar bolsos cargados de dólares en un convento, recibió 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Otros cuatro acusados fueron absueltos, entre ellos el exministro de Planificación Julio de Vido.

Críticas del kirchnerismo
El kirchnerismo criticó sin matices los fundamentos. El ministro de Interior, Eduardo de Pedro, el hombre de la expresidenta en el Gabinete de Alberto Fernández dijo que los fundamentos refuerzan la tesis de la “proscripción” que la expresidenta agita desde su condena en diciembre. “No pude leer todavía las 1.600 páginas que publicaron, pero me llama la atención cómo un 9 de marzo, como el 9 de marzo de 1956, entramos en una etapa de proscripción”, dijo. Un día cómo hoy, pero de 1956, el gobierno militar de Pedro Eugenio Aramburu firmó un decreto que proscribía al peronismo como fuerza política y supuso el exilio de Juan Domingo Perón durante casi 20 años.

En los setenta, el peronismo acuñó el lema Luche y Vuelve para promover el trabajo de las organizaciones peronistas que impulsaban el regreso del militar desde España. El mismo lema se escuchará este sábado, en un acto organizado por La Cámpora, la agrupación que lidera Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta, contra lo que consideran la proscripción de la jefa del movimiento. Kirchner se autoexcluyó de cualquier candidatura el mismo día de la sentencia, el 6 de diciembre pasado. “No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta” en las elecciones de diciembre próximo, dijo. En la práctica, Kirchner no está impedida hasta tanto la pena de prisión e inhabilitación perpetua quede firme en la Corte Suprema. Ese proceso puede demorar años.