El terror que vivió Ecuador al comienzo de la semana ha mermado, pero nadie duerme tranquilo. Ni siquiera fuera de sus fronteras por temor a que la crisis de violencia desatada en el país andino salpique a su entorno. Latinoamérica se moviliza estos días para que el conflicto no se desborde.

01/12/2024. Son varios los países de Latinoamérica que han ofrecido ayuda militar y policial al Gobierno de Daniel Noboa y han reforzado su propia seguridad interna, cárceles incluidas. La condena de la situación que soportan los ecuatorianos y el apoyo a la «institución democrática» ha sido unánime.

La actitud del presidente es firme. Combatir hasta la extinción a los que han sido definidos como terroristas es la consigna primordial e incluso hay importantes recompensas por delatar a componentes de las bandas criminales. Noboa ha dejado todo en manos de las fuerzas militares, mientras que las autoridades civiles han pasado a otro plano. «El apoyo de los ciudadanos y de los partidos políticos es fundamental para salir de la oscuridad y generar mejores días para todos», afirmó tras recibir el apoyo de los asambleístas. En un mensaje breve a la población se mostró optimista: «Estamos convencidos de que vamos a salir victoriosos de este conflicto. Ceder ante el mal, jamás. Luchar incansablemente, siempre».

El respaldo de los países de Latinoamérica también resulta clave para plantar cara la violencia. Perú, que comparte frontera con Ecuador, ha desplegado a sus fuerzas armadas en cinco regiones donde, además, ha decretado el estado de emergencia, por temor a que el conflicto se desborde por ese terreno compartido. Las autoridades penitenciarias del país inca desarrollaron también un «megaoperativo» en sus 68 cárceles en vista del poder de los presos para poner un país patas arriba.

El Gobierno colombiano tampoco se ha quedado parado y ha mandado unos 180 militares a puntos limítrofes con el territorio ecuatoriano para que estén «atentos para reaccionar ante cualquier situación». Brasil ha puesto su Policía Federal a disposición de Noboa -Argentina fue la primera nación latinoamericana en ofrecer a sus agentes- y ha abogado por el intercambio de información porque «mucho más importante que las armas y las municiones es la Inteligencia».

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Epicentro en las prisiones

Pero esta guerra no enfrenta a dos bandos abiertamente. El epicentro principal son las prisiones donde los motines abundan y los reos son liquidados sin pudor, mientras que en la calle las amenazas contra los dueños de comercios afrontan las llamadas vacunas, los pagos que reclaman los criminales. Es terrorismo. Así lo define el periodista Bruno Boghossian: «La crisis de seguridad en Ecuador exhibe los síntomas más agudos del fortalecimiento del narcopoder en Latinoamérica. Las facciones traficantes se extienden por los órganos de la estructura del Estado, toman el control de territorios y puestos estratégicos y, con cierta facilidad, utilizan el terror para desafiar a las autoridades».

El escritor, vicealcalde de Quito y exembajador en Colombia Gonzalo Ortiz sostiene en el diario ecuatoriano Primicias que las organizaciones delincuenciales cuentan con 50.000 efectivos en el país, mientras que las fuerzas armadas apenas llegan a los 38.000. «El crimen transnacional ha penetrado en la Justicia, la Policía, la política y hasta en el pseudoperiodismo», afirma.

Tras una noche, la del miércoles, en la que solo se registró una explosión en un local nocturno que dejó dos muertos y dos heridos, ayer amaneció con el deseo y la necesidad de trabajadores de comercios de retomar la actividad. El saldo de esta escalada de violencia sin precedentes en la historia reciente del país andino es por ahora de 16 muertos y 329 detenidos. Hay, además, 178 empleados de prisiones retenidos en Guayaquil tras los amotinamientos.

Por otro lado, han comenzado a aparecer críticas al decreto de Noboa que da toda la potestad a las fuerzas armadas para combatir a los grupos violentos que han llevado el terror a la nación. «Hay aspectos que están demasiado borrosos y son conflictivos», sostiene la directora del programa Democracia, Seguridad y Defensa de la Universidad Pontificia de Ecuador, Bertha García, en declaraciones al diario El Universo. «Un problema como este no solo es la presencia de grupos armados. Es también la presencia de una economía criminal que viene del narcotráfico, donde están implicados muchos elementos, incluso institucionales, y una de las caras de este conflicto básicamente son los grupos armados, que son operadores de la economía criminal, gente que busca una ventaja económica, arriesgando su libertad y su vida», destaca.

Con información de heraldo.es