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UE-Latinoamérica: buenas intenciones, realidades complicadas

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Artículo de opinión de Enrique Fanjul quien es socio de Iberglobal, miembro del Comité de Reflexión del Club de Exportdores y del Observatorio de Inteligencia para la Internacionalización. Colaborador de Agenda Pública.

07/11/2023. En los últimos años, Latinoamérica no ha estado muy presente en el radar de la UE. La región cuenta con importantes activos, cuyo valor estratégico se ha reforzado. Tiene un peso económico apreciable, cuenta con grandes reservas de materias primas, minerales, productos agrícolas, energía. Por ejemplo, solo en Argentina, Bolivia, Chile y Perú se encuentran dos tercios de las reservas probadas de litio en el mundo. La región se encuentra lejos geográficamente de las principales zonas de conflictos geopolíticos en la actualidad. Las nuevas tendencias hacia la diversificación de las cadenas de valor podrían favorecer las inversiones en Latinoamérica.

La próxima cumbre entre la Unión Europea (UE) y Latinoamérica, que se celebrará a mediados de este mes, está despertando importantes expectativas. El alto representante para política exterior y seguridad de la UE, Josep Borrell, habla de dar un salto cualitativo en las relaciones entre los dos bloques. En España, para el ministro José Manuel Albares, 2023 debe ser el “año de América Latina” en Europa. Según el ministro, América Latina es “la región más eurocompatible del mundo”.

¿Está justificado este optimismo? ¿El deseo de dar un impulso político a las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica puede traducirse en resultados prácticos?

Previsiblemente en la cumbre se abordarán temas diversos: geopolíticos, cambio climático, migraciones, etc. Pero las relaciones económicas serán uno de los temas clave.

El marco institucional, los acuerdos de asociación y libre comercio, los encuentros y visitas de responsables políticos, contribuyen sin duda a crear un marco favorable para el desarrollo de las relaciones entre los países y los bloques del mundo. Ahora bien, el marco institucional por sí solo tiene un efecto limitado. Son los agentes económicos, y en particular las empresas, los que deben dar luego un contenido concreto a esas relaciones.

En este sentido, un condicionante fundamental es el marco económico y de negocios que existe en Latinoamérica. Desde la perspectiva empresarial, este marco ha tenido en los últimos tiempos una evolución preocupante en numerosos países. Los nuevos gobiernos de izquierda que se han implantado en la región han generado incertidumbre sobre su política económica.

Por poner algún ejemplo, en Chile, un país que había seguido tradicionalmente políticas liberales y de mercado, el Estado va camino, aparentemente, de reforzar su intervencionismo en la actividad económica. En concreto, el presidente Boric ha anunciado la intención de nacionalizar, total o parcialmente, la producción de litio. El valor de las dos grandes empresas mineras de litio chileno ha sufrido una fuerte caída desde que se anunció esta política, que ha causado preocupación en el mundo empresarial (“Chile’s move to control lithium alarms industry”, tituló el Financial Times). En México, otro ejemplo destacado, tenemos el reciente caso de Iberdrola, que ha abandonado importantes activos en el país debido a la presión hostil del Gobierno mexicano. Unidas a la inestabilidad política en algunos países, estas incertidumbres jurídicas no crean un ambiente favorable para la atracción de empresas extranjeras.

Aparte de esos ejemplos concretos, consideremos el tema de una manera más general. Se ha publicado recientemente, en junio, la última edición del World Competitiveness Ranking que elabora la escuela de negocios IMD. Se trata de un estudio importante y que tiene una apreciable repercusión entre el mundo empresarial. El estudio analiza y elabora un ranking de la competitividad de 64 países del mundo. Dinamarca, Irlanda y Suiza encabezan el ranking de esta última edición 2023.

¿Y qué nos dice el estudio sobre la situación de los países latinoamericanos? El resultado no es ciertamente alentador. El primer país latinoamericano en el ranking de competitividad es Chile, en el puesto 44. Los dos países que figuran en la cola son Venezuela y Argentina. De los diez últimos países del ranking, seis son latinoamericanos.

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No se trata de un tema únicamente empresarial. La opinión pública también acusa el impacto de la incertidumbre jurídica y política en los países latinoamericanos. Según la 43ª oleada del Barómetro del Real Instituto Elcano (publicada el pasado abril), y que recoge la percepción de la opinión pública española sobre cuestiones de política exterior y relaciones internacionales, “la imagen de América Latina está dominada en España por connotaciones negativas, entre las que domina la pobreza, la inseguridad y las carencias de gobernanza y democracia: el 80% de los entrevistados ofrece respuestas que señalan aspectos negativos a una pregunta abierta sobre su asociación mental con América Latina. El 91% considera mala o muy mala la situación económica de la región y el 82% la situación política. Esa percepción es muy estable en la sociedad española, como muestra la comparación de los resultados de este BRIE con datos muy anteriores producidos por el CIS”.

En resumen, existe un consenso bastante generalizado acerca de la conveniencia, por diversas razones, de potenciar las relaciones con Latinoamérica. El impulso político e institucional, como el que va a suponer la próxima cumbre, puede contribuir a crear una dinámica favorable. Ahora bien, el factor institucional no es suficiente. Hay que ser conscientes de que las empresas difícilmente se alinearán con las declaraciones de los responsables políticos, con los acuerdos de asociación y libre comercio que se firmen, etc., si perciben que el marco al que se enfrentan está caracterizado por inestabilidad política, inseguridad jurídica, intervencionismo.

Más allá de las declaraciones de buenas intenciones, es de esperar que estas cuestiones se planteen con claridad en esta próxima cumbre.

Redacción pública de cincodias.elpais.com