En un giro dramático que entrelaza la lealtad familiar con el deber de Estado, el presidentcorrupcióne de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha lanzado un ultimátum público a su hijo, Fábio Luís Lula da Silva, mejor conocido como «Lulinha».
02/06/2026. Ante las crecientes acusaciones que vinculan a su primogénito con una red de corrupción y desvío de recursos destinados a los jubilados, el mandatario fue contundente: si hay pruebas de su culpabilidad, no habrá privilegios ante la ley.
El peso de la sospecha: Millones bajo la lupa
El escándalo, que ha sacudido los cimientos del Palacio del Planalto, se centra en las declaraciones de un testigo clave ante la Policía Federal. Según el testimonio, el empresario Antônio Carlos Camilo Antunes (apodado «Careca do INSS»), presunto cabecilla de una organización dedicada al desvío de fondos del Instituto Nacional del Seguro Social, habría solicitado el pago de 25 millones de reales (aproximadamente 4.8 millones de dólares) para Lulinha. Este millonario monto habría sido el «precio» por su intermediación para asegurar un contrato con el Ministerio de Salud.
Además de estas revelaciones, investigaciones previas señalan que el hijo del presidente habría recibido «mesadas» mensuales de 300,000 reales por parte de Antunes, y se han documentado al menos seis viajes internacionales compartidos con figuras cercanas al caso.
«Míralo a los ojos»: La respuesta de un padre y presidente
Lula, rompiendo el silencio sobre el tema en una entrevista reciente, relató el tenso encuentro privado que sostuvo con su hijo al estallar la noticia. Según el mandatario, lo confrontó directamente: «Solo tú sabes la verdad. Si tienes algo relacionado, vas a pagar el precio… si no tienes nada, defiéndete».
El presidente brasileño ha defendido la integridad de su administración, asegurando que la investigación sobre el desvío de pensiones fue posible gracias a que su propio gobierno, a través de la Policía Federal y la Contraloría General de la Unión (CGU), detectó la existencia de una red delictiva que, según afirma, se originó en la gestión anterior de Bolsonaro.
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Presión política y el fin del sigilo
Mientras tanto, el clima en el Congreso es de máxima tensión. La oposición presiona con fuerza para que una comisión parlamentaria de investigación logre levantar el sigilo bancario y fiscal de Lulinha. Aunque propuestas previas de interrogatorio habían sido rechazadas por falta de indicios suficientes, los nuevos testimonios sobre los 4.8 millones de dólares han dado un nuevo impulso a quienes exigen transparencia absoluta en el entorno presidencial.
Este caso coloca a Lula en una posición política delicada justo cuando el mandatario busca consolidar su agenda económica para las próximas elecciones, reafirmando su postura de que, en su Brasil, «la ley es para todos».
Redacción de Elena Calzadilla para DHH.
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