El panorama legal de Nicolás Maduro ante la justicia estadounidense se empantana tras la reciente presentación de una «Declaración de Interés» (Statement of Interest) por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Según el análisis del abogado experto Nizar El Fakih, este documento oficial no solo hunde las pretensiones de Maduro de obtener inmunidad soberana, sino que redefine la relación diplomática con Venezuela bajo condiciones estrictas y reversibles.
03/11/2026. El gobierno federal ha sido enfático al recapitular que, para efectos legales en territorio estadounidense, Maduro no es reconocido como presidente legítimo desde el 23 de enero de 2019, una postura que se mantiene vigente y que lo obliga a responder ante la justicia como un ciudadano acusado de narcoterrorismo.
El fin de la inmunidad y el cerco judicial contra Nicolás Maduro
La decisión del Departamento de Estado es crucial para el proceso penal que enfrenta Maduro en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ya que el juez de la causa debe ceñirse a la política exterior determinada por el Poder Ejecutivo. El Fakih explica que, bajo la doctrina del «Poder de Reconocimiento» establecida en la Constitución de los Estados Unidos, la facultad de reconocer a un gobierno extranjero recae única y exclusivamente en el presidente. Al informar formalmente a la Corte que Maduro carece de legitimidad, el gobierno estadounidense anula cualquier posibilidad de que el acusado invoque inmunidad presidencial para evadir los cargos. Esta postura se ve reforzada por la ratificación de Maduro como un «narcoterrorista acusado» que debe enfrentar el juicio por sus presuntos crímenes.
Este escenario legal también impacta directamente en la capacidad de defensa de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Según el experto, la defensa ha solicitado el acceso a fondos del estado venezolano para costear abogados privados, pero esta petición parece destinada al fracaso tras la negativa de la OFAC y la reciente declaración del gobierno. Al no reconocer su autoridad sobre los activos de la República, es probable que el juez ordene la designación de defensores públicos. Este proceso obligaría a Maduro a declarar bajo fe de perjurio que carece de recursos propios, lo que podría abrir la puerta a nuevas responsabilidades legales si se llegara a demostrar la existencia de bienes o cuentas privadas no declaradas.
Traduccion al espanol:
10 de marzo de 2026
Jay Clayton Fiscal de los Estados Unidos 86 Chambers Street, 3er Piso Nueva York, NY 10007
Ref: Stansell et al. v. FARC et al., 16 Misc. 405 (LGS) (SN); Pescatore et al. v. Palmera Pineda et al., 18 Misc. 545 (LGS) (SN); In re Claims Against the Valero-Petrocedeño Account, 20 Misc. 249 (LGS) (SN); Osio et al. v. Maduro Moros et al., 25 Misc. 390 (LGS) (SN)
Estimado Sr. Clayton,
Le agradecería su ayuda para presentar esta carta ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Esta carta se presenta en respuesta a la invitación del Tribunal a los Estados Unidos para expresar sus puntos de vista en el asunto antes mencionado, según lo dispuesto por la orden del Tribunal con fecha del 12 de enero de 2026.
De conformidad con la solicitud del Tribunal, escribo para abordar la postura de reconocimiento del gobierno de los EE. UU. con respecto a Venezuela. Durante décadas, Venezuela estuvo plagada por sucesivos gobiernos chavistas que destruyeron sistemáticamente las instituciones democráticas, reprimieron la libertad de expresión y cometieron otros graves abusos contra los derechos humanos. Después de que las elecciones presidenciales fraudulentas orquestadas por Nicolás Maduro en mayo de 2018 dejaran a Venezuela sin un ganador legítimo, el 23 de enero de 2019, la Asamblea Nacional elegida en 2015 («la Asamblea Nacional de 2015»), en su papel como el único poder del gobierno debidamente elegido por el pueblo venezolano, invocó la constitución venezolana para declarar vacante el cargo de la presidencia. De acuerdo con la constitución venezolana, el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, prestó juramento como Presidente Interino del país. El 23 de enero de 2019, el Presidente Trump emitió una declaración pública reconociendo a Guaidó como el Presidente Interino de Venezuela. Después de que la Asamblea Nacional de 2015 votara para destituir a Guaidó como presidente interino en diciembre de 2022, el Departamento de Estado emitió una declaración el 3 de enero de 2023, afirmando: «Los Estados Unidos continúan reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 elegida democráticamente como la última institución democrática que queda en Venezuela».
Desde el 23 de enero de 2019, los Estados Unidos no han reconocido a Maduro como el Jefe de Estado de Venezuela y ese no reconocimiento continúa hasta el presente. Maduro es un narcoterrorista acusado que espera juicio en un tribunal federal de los EE. UU. por sus crímenes.
El 5 de marzo de 2026, los Estados Unidos emitieron un comunicado anunciando la normalización de relaciones con Venezuela bajo la Presidenta interina Delcy Rodríguez. Al comentar sobre este desarrollo en una cumbre con líderes latinoamericanos el 7 de marzo, el Presidente Trump señaló que «esta semana hemos reconocido formalmente al gobierno venezolano [bajo Delcy Rodríguez]» y añadió: «De hecho, los hemos reconocido legalmente». La normalización facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela. Nuestro compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso por etapas que cree las condiciones para una transición pacífica a un gobierno elegido democráticamente. Con el fin de facilitar esta transición, los Estados Unidos reconocen a Delcy Rodríguez como la única Jefa de Estado, capaz de tomar medidas en nombre de Venezuela. También quisiera señalar que, si bien estamos normalizando las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, continuamos supervisando de cerca las transacciones con las autoridades interinas y utilizaremos la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y otras herramientas disponibles para trabajar hacia un futuro mejor para el pueblo venezolano.
Confiamos en que estos puntos de vista sean de ayuda para el Tribunal en su evaluación de los asuntos ante él.
Atentamente,
(Firma)
Embajador Michael G. Kozak Funcionario Superior de la Oficina Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental Departamento de Estado de los EE. UU.
Un reconocimiento condicionado: Delcy Rodríguez y el camino hacia la transición
Paralelamente, el gobierno de los Estados Unidos ha emitido una declaración que anuncia la normalización de relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela bajo la figura de una presidencia interina encabezada por Delcy Rodríguez. Sin embargo, El Fakih advierte que este reconocimiento no es pleno ni habitual, sino que está cargado de condicionamientos extraordinarios diseñados para facilitar una transición hacia un gobierno elegido democráticamente. La intención detrás de este movimiento es permitir que las instituciones funcionen —como la apertura de consulados para procesos electorales en el extranjero— y que la nueva administración asuma las responsabilidades y costos de los juicios internacionales contra el estado venezolano.
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A pesar de este reconocimiento parcial, Estados Unidos ha dejado claro que mantendrá un monitoreo estricto sobre las transacciones financieras mediante la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional (sanciones OFAC). El objetivo estratégico es evitar que el acceso a los activos y recursos del estado sea desviado para fines distintos a la recuperación económica y la reconstrucción política del país. Además, el abogado resalta que esta es una decisión reversible: si el Poder Ejecutivo considera que no se están cumpliendo las condiciones para una transición democrática, puede cambiar su posición oficial en cualquier momento. Por el momento, el Departamento de Justicia se ha abstenido de pronunciarse sobre quién tendrá el control final de entidades estatales como Citgo o PDVSA, dejando ese punto en desarrollo mientras se evalúa el comportamiento de las autoridades interinas.
Redacción libre de Albitrio Fabrepe para DHH según explicación del abogado Nizar El Fakih al canal de YouTube de Carla Angola.
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