La ofensiva legal contra Nicolás Maduro se expande. La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó este viernes que la administración de Donald Trump no se limitará a la jurisdicción de Nueva York, sino que ha puesto en marcha una maquinaria legal para presentar cargos adicionales en diversos estados del país.
03/27/2026. Bondi, en declaraciones contundentes, calificó al dictador venezolano y a su esposa, Cilia Flores, como personas “horribles”, asegurando que Flores es “igual, si no peor” que su marido. Según la fiscalía, ambos enfrentan acusaciones vinculadas al narcoterrorismo, así como delitos graves relacionados con el tráfico de drogas y armas. La estrategia de Washington parece clara: asfixiar judicialmente a la pareja presidencial y a su red de apoyo, advirtiendo que existen “muchos cómplices” en Venezuela que aún están en la mira de la justicia estadounidense.
Un juicio en jaque por falta de fondos
A pesar de la gravedad de los cargos, la defensa de Maduro atraviesa un momento crítico. El equipo legal, liderado por el abogado Barry Pollack, ha denunciado que el mandatario capturado no tiene los medios para costear su defensa debido a las sanciones financieras impuestas por el propio Departamento del Tesoro, el cual retiró la licencia que permitía al Gobierno de Venezuela pagar los honorarios profesionales.
Sin embargo, la justicia estadounidense no ha mostrado clemencia ante este argumento. El juez de Nueva York rechazó recientemente la petición de desestimar los cargos basada en la incapacidad de pago, manteniendo firme el proceso judicial. Mientras Maduro se declara “no culpable” desde su captura el pasado 3 de enero —ocurrida durante una incursión militar que dejó un saldo de más de cien fallecidos—, la Casa Blanca insiste en que este caso es una pieza clave para garantizar la seguridad global.
Redacción Elena Calzadilla para DHH.
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