Estados Unidos abrió una nueva fase de presión comercial que coloca a México en el centro de un expediente internacional por presunto “comercio desleal”, una movida que podría tensar las cadenas de suministro de toda América del Norte.
03/12/2026. La Casa Blanca, a través del representante comercial Jamieson Greer, anunció el inicio de una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo que permite imponer aranceles cuando otro país —según Washington— afecta injustamente a la economía estadounidense. La revisión incluye a China, la Unión Europea, Japón, India y, de manera especialmente sensible, México, principal socio comercial de Estados Unidos.
Greer explicó que el objetivo es determinar si existe un exceso de capacidad manufacturera que distorsione el comercio global. La administración Trump pretende concluir el proceso antes del 24 de julio, fecha en que expiran los aranceles temporales del 10% aplicados recientemente tras el revés legal que invalidó impuestos previos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
Ante ese vacío jurídico, la Casa Blanca recurrió a la Sección 122, que permite elevar aranceles de forma temporal para corregir desequilibrios en la balanza de pagos. El mensaje es claro: reducir la dependencia de importaciones y reforzar la manufactura estadounidense en sectores estratégicos.
México, pieza clave y blanco inesperado
La inclusión de México resulta paradójica para analistas y empresas. Buena parte de la capacidad industrial mexicana —de autopartes a electrodomésticos— existe porque empresas estadounidenses trasladaron producción al país para abastecer su propio mercado bajo el marco del T‑MEC. Sin embargo, desde la óptica de la administración Trump, esa misma integración es parte del problema: producción que “debería” generar empleos dentro de Estados Unidos.
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Calendario y nueva ofensiva regulatoria
El proceso abrirá la recepción de comentarios públicos el 17 de marzo y cerrará el 15 de abril. Una audiencia formal está prevista para el 5 de mayo, donde empresas y expertos podrán presentar evidencia y argumentos.
Además, Washington lanzó otra investigación paralela —también bajo la Sección 301— enfocada en productos fabricados con trabajo forzoso, un expediente que podría abarcar hasta 66 países. El objetivo no es evaluar condiciones laborales internas, sino determinar si sus leyes permiten la entrada de bienes producidos bajo esas prácticas.
Redacción Elena Calzadilla para DHH.
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