En México, levantar la voz contra la extorsión no es un acto de valentía: es una sentencia de muerte. En los últimos 18 meses, al menos 13 líderes empresariales, comerciantes y prestadores de servicios han sido asesinados tras denunciar el cobro de piso o negarse a pagar a grupos criminales. El crimen organizado no perdona la insubordinación.

10/22/2025. Minerva Pérez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Baja California, fue ejecutada a tiros en Ensenada tras denunciar pesca ilegal y extorsiones de cárteles. Julio Almanza Armas, líder de comerciantes en Tamaulipas, fue asesinado días después de denunciar el cierre masivo de negocios en Nuevo Laredo por amenazas criminales. Y así, la lista se extiende: taxistas, carniceros, limoneros, restauranteros, incluso una maestra jubilada convertida en taxista, todos silenciados por atreverse a decir “no”.
El patrón es claro: denunciar convierte a las víctimas en objetivos. “En estados como Michoacán, Guerrero o Veracruz, alzar la voz es como firmar tu propia nota de suicidio”, advierte Armando Rodríguez Luna, especialista en seguridad. La impunidad y el miedo han convertido la extorsión en un negocio rentable y expansivo, que ya afecta desde grandes empresas hasta puestos ambulantes.
El gobierno federal reconoce el fracaso. Desde 2019, el delito ha crecido más del 21%, y ahora propone penas de hasta 50 años de cárcel para los extorsionadores. Pero los expertos advierten: sin protección real para los denunciantes, la ley será letra muerta.
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La extorsión no solo cobra dinero: cobra vidas. Y en México, la justicia aún no ha aprendido a proteger a quienes se atreven a exigirla.
Redacción DHH sobre lectura de reporte eluniversal.com.mx
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