Presionado para responder al aumento de la llegada de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció la semana pasada una medida drástica y de gran calado contra los migrantes que buscan asilo.

El presidente de Estados Unidos se propone apoyarse en una polémica medida de salud pública conocida como Título 42 para restringir la entrada irregular a Estados Unidos de personas procedentes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. Paralelamente, la medida ofrece una nueva vía de acceso al país a quienes solicitan ayuda jurídica.

Las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes han criticado la decisión del Gobierno de Biden de ampliar el uso del Título 42 por considerarla descorazonadora y un incumplimiento de sus promesas electorales. Este lunes, el presidente viajó a la frontera entre Estados Unidos y México, en su primera visita desde que asumió el cargo en enero de 2021. En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el líder estadounidense mantuvo un encuentro bilateral con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en Ciudad de México para abordar el nuevo programa migratorio estadounidense, entre otros asuntos.

La creación de una vía legal para acceder al asilo destinada a algunos migrantes procedentes de estos cuatro países proporciona a los activistas cierto consuelo, pero estos consideran que las medidas de Biden son insuficientes ya que dan la espalda a muchos otros migrantes.

El programa anunciado por el presidente estadounidense está plagado de requisitos que imponen considerables barreras a las personas sin recursos, perpetuando las desigualdades dentro del sistema de inmigración en EEUU.

Según los defensores de los migrantes, el coste de ampliar las expulsiones de inmigrantes bajo el pretexto de la salud pública sin que se les ofrezca una vía clara para solicitar asilo es mayor que la promesa de ampliar el acceso a los refugiados y crear una vía legal para pedir protección.

«Para muchos de los que trabajamos en el ámbito de la justicia en materia de inmigración, el inicio del mandato de Biden nos hizo confiar en que el Título 42, utilizado durante la pandemia de la COVID-19, llegaría a su fin y se reestablecería el acceso al asilo», dice el director de la Campaña de Justicia en materia de Inmigración del Consejo Estadounidense de Inmigración, Alex Miller. «Nos han decepcionado», añade.

Las cifras federales del año fiscal 2022 muestran que los agentes fronterizos estadounidenses realizaron más de dos millones de detenciones de migrantes a lo largo de la frontera sur, lo que supone un récord histórico. En más de un millón de ocasiones, se materializaron devoluciones en virtud de la disposición del Título 42 en más de un millón de ocasiones.

«El problema es que no todos los migrantes tienen acceso a la ‘zanahoria’ que Biden promete», asegura Miller. «El acceso legal al asilo se limitará a quienes tengan las nacionalidades adecuadas, los medios y el apoyo necesarios para solicitar la ‘libertad condicional’… En cambio, los ‘palos’ que ofrecen restringen el acceso, y eso no es un trato justo», sostiene.

Según esta nueva estrategia del Gobierno de Biden, si los migrantes de esos países superan un control de antecedentes, compran un billete de avión, obtienen apoyo económico y cumplen otros requisitos, podrán entrar legalmente en el país a través del «programa de libertad condicional humanitaria». Estarían autorizados a vivir y trabajar en Estados Unidos durante dos años.

Sin embargo, a los defensores de los derechos de los migrantes les preocupa la norma propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional -que dicen que es similar a la «prohibición de tránsito» que impuso el presidente Donald Trump durante su mandato- porque haría que los solicitantes de asilo no sean elegibles si no buscaron protección en un tercer país antes de llegar a Estados Unidos y si «eluden las vías disponibles y establecidas para la migración legal», como dijo la semana pasada el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.