Cientos de personas se han quedado atrapadas en la capital sin saber cuál será su futuro, qué hacer, dónde dormir o cómo encontrar trabajo hasta que cambie la situación. “No nos pueden hacer esto después del camino que hemos recorrido”, se quejaba uno de ellos.

Jorge Gordo, antiguo panadero de 52 años, estuvo a punto de morir tres veces en una semana. Fue en el Tapón del Darién, la selva húmeda y fría por donde cruzan los migrantes a Panamá desde Colombia, su vecino del sur. Pero no murió — “Dios nos ayudó”, dice— y siguió andando, comió un poco, cruzó otros seis países y llegó a Estados Unidos. Después de un mes y medio de travesía desde su casa en Caracas, Venezuela, y más de 2.000 dólares gastados en autobuses y mordidas (sobornos a las autoridades), había conseguido llegar a la tierra prometida.

Y entonces le metieron en otro autobús, esta vez sin decirle adónde le llevaban, y apareció, como quien se despierta y descubre que todo ha sido un sueño, de vuelta en la ciudad fronteriza de Matamoros, en el Estado de Tamaulipas, en México. “Sentí mucha frustración, muchos sentimientos encontrados, porque se rompe la esperanza de prosperar y ayudar a los familiares de uno”, dice Gordo. Como allí no hay sitio para más migrantes, las autoridades mexicanas le trasladaron en un autobús que tardó 12 horas en llegar hasta las puertas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en Ciudad de México.

Como a Gordo, la nueva política del gobierno estadounidense que entró en vigor el 12 de octubre ha dejado atrapados en México a miles de venezolanos que ya habían emprendido su camino hacia el norte. No pueden avanzar porque “los que intenten cruzar la frontera de forma ilegal serán devueltos a México” y no podrán acogerse al nuevo proceso de entrada, según indica el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Ni siquiera Marcos Tamariz Inceta, jefe de misión adjunto de Médicos Sin Fronteras, sabe lo que va a pasar en las próximas semanas y meses. “Nadie tiene la más remota idea de hacia dónde va esto, porque nadie nos avisó de nada”, dice enfadado. “En todo el camino, desde Venezuela hasta aquí, hay cientos de miles de personas atrapadas en la ruta”.

Frente a las oficinas de la COMAR aparece todas las mañanas una nueva ola de cientos de venezolanos que han dormido en las calles colindantes. Algunos, los que vienen expulsados de Estado Unidos, no tienen más ropa que la que llevan puesta ni más pertenencias que la cobija que les han dado los servicios sociales. Les quitaron hasta los papeles migratorios necesarios para hacer cualquier trámite. El lunes 24 de octubre, como cualquier otro día de la última semana, había allí unas 150 personas, según Yanina Ramos, trabajadora de Médicos Sin Fronteras. Mientras los funcionarios saturados de trabajo tratan de atender a los que deciden comenzar su solicitud de refugiado, Ramos habla con los migrantes, les pregunta por su estado de salud física y mental, anota su nombre y su número de teléfono.

“Es una crisis importante para la ciudad, pero las autoridades no están haciendo nada”, se lamenta Ramos, que cada día tiene más problemas para encontrarles un lugar donde dormir. El gobierno de la Ciudad de México no ha habilitado ningún albergue para estas contingencias y los ocho que existen en la capital son de organizaciones humanitarias que casi no reciben ayuda del Estado. Estos cuentan con una capacidad de menos de 30 camas cada uno y ya están al 250% de su capacidad de acogida.