En Nicaragua las obras de caridad y proyectos de infraestructura de las parroquias están paralizados, mientras cientos de sacerdotes retirados quedaron sin ayuda.

12/19/2023. La suspensión de proyectos de infraestructura en las parroquias y obras sociales, el despido de personal, la dificultad por cancelar recibos de agua y luz y la incertidumbre reinante en los beneficiarios del Fondo Nacional de Seguro Sacerdotal son las principales consecuencias del congelamiento de cuentas bancarias contra la Iglesia católica, que este 27 de diciembre cumple siete meses.

La noticia en Nicaragua cayó de golpe para las ocho Diócesis y la Arquidiócesis de Managua. De repente, los ahorros obtenidos en ferias, rifas, ofrendas, y que en dependencia de la parroquia, podrían ser muchos miles de córdobas, ya no estaban disponibles. “Al inicio fue bastante fuerte”, dice Javier. Su parroquia, en el suroeste del país, había iniciado una remodelación importante, que ya tenía retrasos comunes de una obra, pero –con el congelamiento de cuentas– no hubo otra opción que volver a recoger más dinero y retomar, pero a paso lento. 

En Jinotega, todas las iglesias reajustaron su presupuesto ante la imprevista situación financiera, confirma el feligrés Mario. Gran parte de las parroquias intentaron conservar a su personal -sacristán, secretaria- pero no todas lo lograron. A groso modo, Mario contabiliza más de diez personas enviadas al desempleo, pero podrían ser más, advierte. En Matagalpa, la parroquia en la que se congrega Carmen detuvo muchos proyectos de reparaciones e infraestructura. 

Sin embargo, el sacerdote pidió especial apoyo para cumplir con los paquetes alimenticios que entregan en asilos de ancianos. Carmen condena la arbitrariedad del régimen, pero también es optimista. Es “una oportunidad de servir a nuestros sacerdotes a través del diezmo y la ofrenda… somos un pueblo de fe y en estos tiempos es cuando nuestra fe está siendo probada”, expresa.  

En la capilla de Julio, en Managua, luchan por recoger los 3000 córdobas que pagan mensualmente por servicios de limpieza. Muchas personas que aportaban económicamente migraron y “ahora solo para mantenerse recoge el padre. Todo mundo palmado”, lamenta el feligrés.  

Todos los entrevistados que accedieron hablar con CONFIDENCIAL solicitaron que no se mencionen los nombres de sus parroquias para evitar represalias contra sus comunidades pastorales y sacerdotes. El argumento de la Policía para congelar las cuentas de la Iglesia es una supuesta investigación por “lavado de dinero”, de la que no ha dado ningún avance desde mayo.

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Sacerdotes retirados en el limbo

“Se ha visto reducido el personal y también los proyectos”, dice la investigadora Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida? y quien conoce de primera mano las necesidades de las parroquias y de los sacerdotes. Molina reconoce que el bloqueo financiero enfrenta a la Iglesia a un problema “tremendo”. Sin embargo, una de las situaciones más apremiantes es la paralización del Fondo Nacional de Seguro Sacerdotal. 

El fondo fue creado hace más de 20 años por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) para financiar el retiro de sacerdotes ancianos. Cada año, cada padre aporta 150 dólares y los otros 150 los financia la parroquia. Asimismo, lo recaudado cada Miércoles de Ceniza era depositado en esa cuenta. Con ese dinero se entregaba una pensión mensual de 300 dólares a sacerdotes mayores de 75 años y 150 para curas de 65 años a más.

Molina desconoce la cantidad de sacerdotes beneficiados y cómo la Iglesia está gestionando ese apoyo económico, que funciona, principalmente, para la compra de medicinas y alimentos. “¿Vos creés que alguien va a estar asumiendo la responsabilidad de darle 300 dólares mensual a un sacerdote viejito. ¿Quién está manteniendo a esos sacerdotes ahorita?” se pregunta la investigadora.  

La Iglesia católica sigue sin pronunciarse sobre el congelamiento de sus cuentas, por lo que se desconoce cuánto dinero fue retenido por la supuesta investigación, de la cual la Policía tampoco ha dado mayores avances. 

El bloqueo económico de las Diócesis de la Iglesia católica en el sistema financiero nicaragüense inició en la Diócesis de Estelí, y siguieron en Matagalpa, Managua y en todo el país. La Policía nunca presentó una orden judicial, requisito para ejecutar la cancelación de las cuentas. Las órdenes fueron transmitidas a los bancos y estos ejecutaron. 

Redacción con IA supervisada por periodista de DHH sobre información de confidencial.digital