En su insaciable muestra de poder, el régimen de Ortega judicializa el autoritarismo condenando a cárcel a éstos sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo.

Según la Unidad de Defensa Legal de los enjuiciados, los católicos nicaragüenses fueron declarados culpables el jueves de conspirar para atentar contra la integridad nacional y difundir información falsa y perjudicial para el Estado de Nicaragua y la sociedad.

Según la Unidad de Defensa Legal, integrada por abogados defensores de los religiosos, los cuatro prelados, junto a dos seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa, fueron declarados culpables por la jueza Nadia Camila Tardencilla, titular del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Managua, tras cuatro días de sesiones en un juicio que concluyó el jueves.

El juez declaró culpables al párroco de San Juan Bautista, Ramiro Tijerino, al rector de la Universidad Juan Pablo II, José Luis Dáz, a los vicarios primero y segundo de la catedral matagalpina de San Pedro, respectivamente, y al diácono Ral Vega González.

Además, también se condeno al camarógrafo Sergio Cárdenas, y a los seminaristas Melkin Centeno y Darvin Leiva Mendoza.

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Para los cuatro sacerdotes, los dos seminaristas y el camarógrafo, la Fiscalía nicaragüense solicitó una pena de 10 años de cárcel y 800 días de multa. La audiencia para la lectura de la sentencia fue fijada el 3 de febrero por el tribunal.

Tras permanecer 15 días detenidos, el grupo de clérigos y laicos, junto con el obispo Rolando Álvarez, fueron apresados por la policía la madrugada del viernes 19 de agosto en el Palacio Episcopal de la diócesis de Matagalpa. A excepción del obispo, que actualmente se encuentra bajo «protección domiciliaria», desde entonces permanecen detenidos en la cárcel policial de El Chipote.

Los religiosos fueron declarados culpables y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), crítico con el Ejecutivo, responsabilizó de esta decisión al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

La sentencia y la solicitud de pena «fue dictada desde El Carmen», donde vive la pareja presidencial, «con el objetivo de crear pavor y demostrar quién tiene el poder», según esta organización, que definió el juicio de cuatro días como una «tortura judicial».

La organización, que forma parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos, declaró: «El Cenidh condena esta violación a los derechos humanos y a las garantías del debido proceso» (FIDH).

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