Las medidas afectan a 23 personas y tres entidades del gobierno, mientras organizaciones denuncian el aumento del «terrorismo de Estado» previo a las elecciones regionales.

10/10/2023. La Unión Europea (UE) anunció su decisión de extender las sanciones contra el gobierno de Nicaragua por un año más, en respuesta a la continua «deteriorada situación política y social» que asola al país centroamericano. Estas sanciones, inicialmente impuestas en 2019, han afectado a un total de 23 individuos y tres entidades gubernamentales, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo, quien es también la esposa del presidente Daniel Ortega, así como varios de sus hijos. Las medidas congelan los activos y prohíben la entrada de estos individuos a los países de la Unión Europea.

La crisis política en Nicaragua ha sido un motivo de preocupación constante para la UE, que ha rechazado los resultados de las elecciones generales en el país, alegando que no se respetaron los estándares democráticos. Esta extensión de sanciones es un mensaje claro por parte de la Unión Europea, indicando su compromiso con la búsqueda de una resolución pacífica a través del diálogo entre el gobierno y la oposición.

En un comunicado oficial, la UE declaró: «La crisis política actual en Nicaragua debe resolverse a través de un diálogo genuino entre el Gobierno y la oposición». Sin embargo, la situación en el país parece estar lejos de la estabilidad política deseada.

Paralelamente, unas 20 organizaciones y movimientos sociales, agrupados bajo la Coalición Nicaragua Lucha, han emitido un comunicado conjunto advirtiendo sobre el aumento del «terrorismo de Estado» en Nicaragua, especialmente en el período previo a las elecciones regionales programadas para marzo de 2024.

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Entre las preocupaciones de la Coalición se encuentra la disolución del partido indígena Yatama, conocido como «Hijos de la madre tierra» en lengua miskita, que ha perdido su personería jurídica de cara a las elecciones regionales. Este hecho ha generado un llamado urgente a la comunidad internacional para tomar medidas y abordar la crisis democrática en Nicaragua.

La Coalición también denunció el arresto del diputado y líder indígena Brooklyn Rivera, junto con la diputada suplente Nancy Elizabeth Henríquez, ambos miembros de Yatama. Estos arrestos han elevado aún más las preocupaciones sobre las violaciones a los derechos humanos en el país.

La situación en Nicaragua sigue siendo compleja y en evolución. La Unión Europea ha renovado sus sanciones como una medida de presión sobre el gobierno de Daniel Ortega, instándolo a buscar una solución pacífica a la crisis y respetar los estándares democráticos. Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos continúan haciendo un llamado urgente a la comunidad internacional para que preste atención a la creciente crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, especialmente en el contexto de las próximas elecciones regionales de 2024.

Redacción con IA supervisada por periodista de DHH sobre información de dw.com