Trump 2.0 y el futuro de la migración: Un enfoque pragmático pero punitivo pone en riesgo de deportación al 80% de los nicaragüenses en EE. UU. ¿Cómo afectará esto a las familias y las remesas?

12/17/2024. Durante el conversatorio «Trump 2.0: Perspectivas y Desafíos para Centroamérica, Cuba y Venezuela bajo un Nuevo Mandato«, Orozco explicó que la administración entrante enfrenta un complejo panorama migratorio y económico. Los retos incluyen una histórica ola migratoria, el endurecimiento de las políticas de deportación y la necesidad de equilibrar intereses proteccionistas con demandas laborales.

“Va a tener una posición un poco más pragmática; la perspectiva aislacionista realmente es muy reduccionista y no se ubica en el equipo que está trabajando con Trump”, comentó Orozco en el programa.

En cuanto a las deportaciones, el politólogo subrayó que el punto medular no es determinar si se cumplirán las promesas, sino “cómo se ejecutarán esas promesas”. En este sentido, identificó tres factores claves:

Recursos disponibles: los recursos humanos y económicos necesarios para ejecutar las leyes de deportación.

Perspectiva normativa: la composición heterogénea del equipo de Trump, dividido entre republicanos tradicionales y pragmáticos, todos coincidiendo en una postura punitiva que prioriza la expulsión y la exclusión.

Estrategias de implementación: cerrar fronteras para prevenir nuevas llegadas y aumentar las deportaciones.

Migración irregular y tendencias recientes

Durante la administración de Joe Biden, el promedio anual de deportaciones disminuyó a 140,000, en contraste con las cifras del gobierno de Barack Obama, cuando las deportaciones superaban las llegadas fronterizas. Sin embargo, el flujo migratorio hacia EE. UU. alcanzó cifras históricas, con 12 millones de personas intentando ingresar entre 2020 y 2024.

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Orozco destacó que “no todos los migrantes recientes provienen de México y Centroamérica”. En los últimos cinco años, muchos proceden de países como Nicaragua, Venezuela, Haití, Ucrania y Rusia. “Los nuevos grupos migratorios son los que están en mayor riesgo de deportación”, enfatizó.

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Categorías de nicaragüenses en riesgo de deportación

El experto identificó cuatro categorías de riesgo están: personas en estatus irregular, aquellos con orden de deportación, especialmente quienes llegaron después de 2019; solicitantes de asilo con resoluciones negativas y beneficiarios de TPS o DACA.

Según Orozco, la cifra de nicaragüenses en riesgo de deportación podría superar las 80,000 personas. Además, alrededor de 5,000 nicaragüenses podrían no obtener asilo o recibir notificaciones de salida para 2025. Entre los afectados también estarían 500,000 nicaragüenses sin estatus legal bajo TPS, DACA o Alivio Humanitario, distribuidos de la siguiente manera:

DACA: 1,370 personas.

TPS: 4,000 personas (con vencimiento en julio de 2025).

Alivio Humanitario: 93,000 personas (menos de 20,000 han solicitado ajuste de estatus).

Leyes migratorias y control político

Orozco también se refirió a las reformas recientes de la Ley General de Migración y Extranjería en Nicaragua. Estas leyes buscan un mayor control político sobre las entradas y salidas del país, con énfasis en ciudadanos nicaragüenses y medidas para prevenir el retorno de personas bajo alivio humanitario.

“Estas reformas no están vinculadas con vuelos chárter, que fueron promovidos por el gobierno de Ortega y suspendidos en abril de 2024 tras presiones de EE. UU. Lo que se mantuvo fueron los salvoconductos emitidos como multas a extranjeros que pasaban sin visa por Nicaragua desde Costa Rica”, señaló Orozco a 100%Noticias.

Impacto en las remesas

Respecto a las consecuencias económicas, el politólogo explicó que las deportaciones afectarán directamente el flujo de remesas. Por cada deportado, las remesas caen 39 dólares, mientras que por cada nuevo migrante aumentan en 4,000 dólares.

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“La migración centroamericana, incluyendo la nicaragüense, venía en declive desde los últimos dos años. Esto, junto con las deportaciones, implica que las remesas crecerán menos del 1% en los próximos dos años”, afirmó. Orozco proyectó que unas 150,000 personas podrían ser deportadas anualmente a México y Centroamérica, lo que afectaría a miles de hogares dependientes de remesas.

Retos para la administración entrante

Finalmente, el experto subrayó los desafíos que enfrentan las nuevas políticas migratorias. La administración Trump deberá encontrar un balance entre una política exterior antidictatorial y una postura proteccionista que, paradójicamente, depende de la mano de obra migrante para mantener la competitividad económica.

“La migración creció en respuesta a la demanda de mano de obra en Estados Unidos. En un contexto proteccionista, se necesitaría precisamente esa mano de obra barata para aumentar la competitividad. Esto requiere un balance político y económico que no será fácil de lograr”, concluyó Orozco.

Con información de 100noticias.com.ni