El presidente Daniel Noboa aseguró que el paro nacional no es del todo pacífico: según él, detrás de parte de la movilización se esconden intereses criminales. “Está siendo financiado por la minería ilegal y el Tren de Aragua”, afirmó, vinculando el descontento social con redes delictivas transnacionales.
09/26/2025. La acusación marca un giro dramático en la narrativa oficial. Lo que comenzó como una protesta ciudadana por demandas sociales, ahora es retratado por el Ejecutivo como una operación infiltrada por mafias. Noboa sostiene que esta supuesta financiación criminal desvirtúa el carácter legítimo del paro y lo convierte en una amenaza a la seguridad nacional.
La afirmación ha generado reacciones encontradas: mientras algunos sectores oficialistas respaldan la postura del presidente, líderes sociales y defensores de derechos humanos advierten que se corre el riesgo de criminalizar la protesta y deslegitimar las voces ciudadanas.
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Con este discurso, Noboa no solo busca blindar su gobierno frente a la presión social, sino también posicionarse como un líder que enfrenta sin titubeos el crimen organizado. Sin embargo, la línea entre seguridad y represión se vuelve cada vez más difusa.
Redacción DHH sobre lectura de agencias
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