Las repúblicas de Panamá y Uruguay han elevado peticiones convergentes y contundentes ante la Organización de Estados Americanos (OEA), instando al organismo a desplegar su capacidad institucional para mediar y facilitar una «transición democrática» en Venezuela,.
01/06/2026. Ambos países, al exponer sus posturas en sesiones extraordinarias del Consejo Permanente de la OEA, coincidieron en la urgencia de atender la crisis, destacando la necesidad de respetar la voluntad popular expresada en las urnas y condenando la erosión del orden democrático,,,.
Panamá: Riesgo para la seguridad hemisférica
La embajadora panameña ante la OEA, Ana Irene Delgado, expuso una posición «firme» respaldada por el gobierno del presidente José Raúl Mulino, abogando por una salida «pacífica, democrática y legítima» para Venezuela,.
Delgado transmitió la «profunda preocupación» de Panamá, al señalar que la situación en Venezuela trasciende sus fronteras y representa un «riesgo real para la paz, la estabilidad democrática y la seguridad hemisférica». La diplomática subrayó que la crisis actual se debe a un persistente desconocimiento de la voluntad popular y una erosión sostenida de la institucionalidad democrática, que ha profundizado el vaciamiento de las instituciones y el uso sistemático de prácticas represivas.
En este contexto, Panamá declaró de manera «clara e inequívoca que no reconoce ni reconocerá a un régimen de carácter autoritario e ilegítimo». Además, calificó de «indispensable» la liberación inmediata de todos los detenidos políticos, sean nacionales o extranjeros, haciendo énfasis en el caso de Olmedo Núñez, un ciudadano panameño privado de libertad sin debido proceso ni acceso a defensa. Panamá propone que la solución debe ser liderada por los propios venezolanos, pero con el acompañamiento activo de la comunidad internacional y mecanismos como la OEA. Desconocer la voluntad popular, claramente expresada el 28 de julio de 2024, equivaldría a legitimar el fraude y normalizar el autoritarismo, socavando el principio de las elecciones libres.
Uruguay: La OEA como marco jurídico para la cooperación
Por su parte, el embajador de Uruguay ante la OEA, Edison Lanza, reafirmó la postura del gobierno de Yamandú Orsi, señalando que Montevideo sigue los hechos con «profunda atención y seria preocupación»,.
Aunque Uruguay reiteró su postura de «no reconocimiento de los resultados de las elecciones nacionales en Venezuela del 28 de julio de 2024» y la existencia de graves violaciones a los derechos humanos, Lanza también enfatizó la adhesión de su país a los principios fundamentales del Derecho Internacional.
El representante uruguayo subrayó la importancia de la «prohibición del uso y la amenaza de a fuerza», así como el respeto a la soberanía e independencia política de los Estados. A pesar de señalar que el accionar militar de Estados Unidos en la región constituye una «flagrante violación del Derecho Internacional», Uruguay reiteró el llamado a buscar todos los mecanismos de diálogo posibles.
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Lanza concluyó que, con la anuencia de los venezolanos, Uruguay sostiene que la OEA cuenta con el marco jurídico y las «capacidades institucionales para ofrecer su cooperación» y sumarse a los esfuerzos orientados a una transición democrática, siempre con respeto a los derechos humanos. De esta forma, el gobierno uruguayo reafirma su disposición a colaborar en todo esfuerzo multilateral que busque una solución pacífica en el país caribeño.
Redaccion Albitrio Fabrepe para DHH.
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