Un nuevo informe de Naciones Unidas ONU, revela que Nicaragua ha dejado de ser una democracia funcional. Bajo el mando de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el país ha mutado en un régimen autoritario donde la represión, el paramilitarismo y la censura no solo son prácticas habituales, sino pilares constitucionales.
El desmantelamiento del Estado de Derecho
Desde la brutal represión de las protestas en 2018, el gobierno ha ejecutado reformas que eliminaron la división de poderes. El Congreso y el Poder Judicial operan como extensiones de la presidencia, mientras la Fiscalía actúa bajo control directo del Ejecutivo. Las garantías legales básicas han sido borradas del mapa.
El informe denuncia la institucionalización de redes de informantes, el uso de fuerzas paramilitares y la criminalización de periodistas y defensores de derechos humanos mediante leyes vagas y arbitrarias. Cualquier voz crítica es blanco de represalias, detenciones ilegales, torturas y procesos judiciales sin garantías.
En siete años, el régimen ha ilegalizado 1.894 organizaciones, incluyendo 850 religiosas y más de 40 universidades. Miles de ciudadanos han huido del país, muchos despojados de su nacionalidad. La censura sistemática ha convertido la disidencia en un delito.
Habla de “censura sistemática” de toda disidencia, de detenciones arbitrarias, torturas y violaciones al debido proceso, y denuncia los nuevos poderes de la presidencia para desplegar al ejército en el país, por ejemplo, para vigilar reuniones y asambleas.
Llamado urgente a la comunidad internacional
La ONU exige al gobierno nicaragüense que respete los derechos humanos y solicita apoyo económico para la sociedad civil y los exiliados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha alertado sobre el agravamiento de la situación, sin que Ortega muestre señales de rectificación.
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH.
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