En una contundente presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, expuso un panorama desolador de la situación en el país, asegurando que «la represión estatal intensificada durante la crisis electoral de 2024 continúa en 2025». El sexto informe de la Misión detalla un incremento de la persecución por motivos políticos, ejecuciones extrajudiciales, torturas y violencia sexual sistemática, consolidando un patrón de violaciones graves a los derechos humanos que permanecen en la impunidad.
El informe, que abarca el período de septiembre de 2024 a agosto de 2025, confirma y amplía las conclusiones presentadas hace un año tras la violencia desatada por las protestas postelectorales. Valiñas reveló que la Misión tiene «motivos razonables para creer» que los cuerpos de seguridad del Estado estuvieron involucrados directamente en la muerte de al menos 12 de los 25 manifestantes fallecidos entre el 28 y el 30 de julio de 2024.
El gobierno venezolano ha atribuido estas muertes a activistas de la oposición o bandas criminales, exculpando a sus fuerzas de seguridad. Sin embargo, la investigación de la Misión no encontró indicios que impliquen a la oposición y, por el contrario, documentó la participación de agentes estatales en la represión de protestas en estados como Aragua, Carabobo, Miranda, Zulia y el Distrito Capital. En un caso particularmente grave en Carora, estado Lara, se presume que un manifestante recibió un disparo mortal desde el interior de una sede del partido de gobierno, la cual estaba ocupada por militantes, algunos de ellos armados. A más de un año de estos hechos, el Estado no ha informado sobre avances en las investigaciones, dejando estos crímenes en total impunidad.
Muertes en custodia y detenciones masivas
La Misión denunció una alarmante situación en los centros de detención. Se documentaron las muertes de cinco personas que estaban bajo custodia del Estado tras ser detenidas en el contexto electoral de 2024. Tres de ellas fallecieron por falta de atención médica oportuna y efectiva, lo que se considera una privación arbitraria de la vida atribuible al Estado. Estas personas habían sufrido tratos crueles e inhumanos, y las autoridades estaban al tanto de sus padecimientos médicos, pero no actuaron para salvaguardar sus vidas. Las otras dos muertes, según la versión oficial, fueron por ahorcamiento.
La represión se ha intensificado en momentos de tensión política, como la toma de posesión presidencial de enero y las elecciones de mayo, mediante detenciones masivas bajo el argumento de desmantelar conspiraciones. Según cifras del Ministerio Público, de las más de 2,220 personas detenidas en las protestas y en la «operación Tuntún», unas 2,006 fueron excarceladas, pero continúan siendo procesadas penalmente por delitos como terrorismo e incitación al odio.
Valiñas también destacó la detención arbitraria de al menos 220 niños, niñas y adolescentes en el marco de las protestas, quienes fueron víctimas de desaparición forzada, torturas y graves actos de violencia sexual. Dos de las víctimas mortales en las manifestaciones de 2024 eran menores de 18 años.
La Misión ha documentado métodos de tortura sistemáticos utilizados durante interrogatorios o como castigo por la afiliación política, real o percibida, de los detenidos. Entre las tácticas se incluyen:
- Golpes con objetos contundentes.
- Descargas eléctricas en todo el cuerpo, incluidos los genitales.
- Asfixia con bolsas plásticas.
- Encierro en celdas de aislamiento de hasta 1 metro cuadrado.
- Casos de violencia sexual y de género contra personas detenidas y sus familiares, incluyendo sexo transaccional coercitivo y posible prostitución forzada a cambio de alimentos o productos de higiene.
Finalmente, Valiñas expresó su preocupación por el marco jurídico restrictivo que busca silenciar a la sociedad civil, mencionando leyes como la de financiación de ONGs y la llamada «Ley Simón Bolívar», que aumentan la criminalización y han obligado a muchas organizaciones a limitar o cerrar sus operaciones en Venezuela. Ante la falta de acción de las instituciones nacionales, la Misión reiteró su llamado a que las iniciativas internacionales de rendición de cuentas avancen con mayor celeridad.
Redacción Tony Romero para DHH
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