Un 3 de noviembre quedará grabado en la historia de Panamá como el día en que se promulgó la Ley 407, que establece una moratoria indefinida para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos en el país. Esta fecha marcó un punto de inflexión en la política minera panameña y fue precedida por 13 días de intensas manifestaciones públicas en rechazo a la Ley 406, que había dado vida a un controvertido contrato minero con Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.

11/04/2023. La Asamblea Nacional, en una sesión extraordinaria inusual para un 3 de noviembre, aprobó por abrumadora mayoría el proyecto de la Ley 407 con 63 votos a favor y solo dos abstenciones. La aprobación se produjo en un ambiente de tensión y expectación, con la comunidad panameña observando atentamente el desarrollo de los acontecimientos.

La Ley 407 es un documento conciso que consta de solo cuatro artículos, pero su alcance es de gran trascendencia. El artículo principal declara que «la moratoria, de duración indefinida, prohíbe la concesión de permisos para la realización de actividades de exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos en todo el país». Este artículo coloca al Ministerio de Comercio e Industrias en la posición de no poder otorgar concesiones para la explotación de minerales metálicos en Panamá. Además, todas las solicitudes en proceso para la obtención de dichas concesiones serán rechazadas y archivadas en un plazo de tres meses a partir de la promulgación de la ley. La última disposición señala que no se renovarán las concesiones existentes para la exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos.

La promulgación de esta ley pone fin a una parte de la controversia que había polarizado a la sociedad panameña en los últimos días. Sin embargo, la resolución definitiva del conflicto aún está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que debe emitir un fallo sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 406. Estas demandas están actualmente en proceso, y la decisión de la Corte se espera a finales de noviembre o principios de diciembre.

Las manifestaciones en rechazo a la Ley 406 y en apoyo a la moratoria minera continuaron tras la aprobación de la Ley 407. Los grupos que han estado en las calles, liderados por movimientos como «Sal de las Redes» y «Panamá Vale más sin Minería», han reiterado su compromiso de seguir movilizándose hasta que la Corte emita un fallo definitivo. Además, han pedido la creación de un «corredor humanitario» para garantizar el suministro de medicamentos y alimentos a varios puntos del país afectados por las protestas.

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Raisa Banfild, miembro destacado del movimiento «Panamá Vale más sin Minería», ha enfatizado la importancia de mantener la presión en las calles para derrotar y derogar la Ley 406. Esta legislación ha generado un fuerte descontento entre la población debido a sus términos y al controvertido contrato minero con Minera Panamá.

Saúl Méndez, líder del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares de Panamá (Suntracs), ha llamado a la ciudadanía a mantener la movilización y la presión en las calles. Méndez expresa su preocupación por los términos propuestos por la Corte Suprema de Justicia para la revisión de la constitucionalidad de la Ley 406, ya que teme que puedan llevar a una desmovilización de la población, lo cual considera inaceptable.

Los sindicatos, reunidos en el movimiento «Unidos por Panamá», sostendrán un encuentro para definir su estrategia y acciones futuras. La decisión de la Corte Suprema y la respuesta del movimiento social serán cruciales para el futuro de la política minera en Panamá y para determinar si la moratoria minera se mantendrá como una medida permanente.

En resumen, el 3 de noviembre de 2023 se convirtió en una fecha trascendental en la historia de Panamá, marcando la promulgación de la Ley 407 que establece una moratoria indefinida para la minería metálica en el país. A pesar de la aprobación de esta ley, las manifestaciones continúan, y la atención se centra ahora en el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad de la Ley 406 y el futuro de la política minera en Panamá. La lucha por la protección del entorno natural y la salud de la población panameña sigue siendo un tema de máxima importancia en la agenda nacional.

Redacción con IA supervisada por periodista de DHH sobre información de laestrella.com.pa