La República de Panamá ha tomado una decisión histórica: recuperar el control operativo de los puertos de Balboa y Cristóbal, poniendo fin a casi tres décadas de dominio por parte de capitales hongkoneses. Lo que el gobierno panameño califica como un acto de justicia constitucional y soberanía, desde el otro lado del mundo se percibe como una «toma forzosa» que amenaza la seguridad jurídica internacional.
02/24/2026.
El quiebre del status quo: ¿Por qué Panamá dio el paso?
La administración del presidente José Raúl Mulino no ha titubeado al ejecutar esta medida, fundamentada en un fallo inapelable de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato-ley que regía estas terminales desde 1997.
Para el Estado panameño, las razones de este cambio radical son claras y se agrupan en tres ejes fundamentales:
- Mandato constitucional: La Corte determinó que el contrato con Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado chino CK Hutchison, vulneraba las reglas nacionales.
- Transparencia y equidad: El presidente Mulino ha sido enfático al señalar que el contrato anterior «sometió» al país por años y cuestionó la falta de transparencia en procedimientos pasados, como la ausencia de aprobación del Consejo de Gabinete en ciertos trámites.
- Seguridad nacional: Al ser puertos ubicados en las entradas estratégicas del Canal de Panamá, el Ejecutivo considera imperativo que estos activos, que mueven cerca del 40% de la carga contenedorizada del país, sean gestionados bajo un modelo que garantice el máximo beneficio para el Estado y la continuidad del sistema logístico.
«No es una expropiación, es una ocupación temporal para proteger los intereses nacionales», recalcó Mulino, asegurando que la medida busca corregir un esquema que no cumplía con los estándares de un estado de derecho moderno.
La furia de Hong Kong: «Un acto flagrante»
La reacción desde el centro financiero de Asia no se hizo esperar. El Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong ha elevado «firmes y enérgicas protestas» ante el cónsul de Panamá, calificando la acción como un «acto flagrante» que deteriora la credibilidad del país centroamericano.
El secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Hong Kong, Edward Yau (referido también como Algernon Yau en los registros oficiales), manifestó su firme disconformidad y oposición, argumentando que la revocación de la concesión constituye un «menosprecio a los hechos» y una violación al espíritu de los contratos internacionales.
Por su parte, el conglomerado CK Hutchison no solo ha tildado la toma de «ilegal», sino que ha advertido sobre riesgos graves para la seguridad operativa y ya ha iniciado un arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con una demanda que podría ascender a los 2,000 millones de dólares.
El nuevo escenario: una transición con sello europeo
Mientras el conflicto diplomático escala, Panamá ya ha activado su plan de contingencia. Las operaciones en el Canal de Panamá se mantienen normales y seguras. De forma transitoria, por un periodo de hasta 18 meses, la gestión de los puertos ha pasado a manos de dos gigantes europeos: APM Terminals (vinculada a la danesa Maersk) y Terminal Investment Limited (TIL) (del grupo suizo MSC).
Esta fase de transición es crítica. El mayor desafío actual es la migración de los sistemas informáticos para no interrumpir el flujo de los miles de contenedores que transitan diariamente por estas rutas que conectan Asia, Europa y América. El gobierno ha garantizado que los empleos de los trabajadores portuarios están protegidos y que se prepara una nueva licitación internacional abierta y competitiva para definir el futuro a largo plazo de estas joyas logísticas.
Un tablero geopolítico en tensión
Más allá de lo jurídico, este conflicto se inserta en la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China en América Latina. Con el respaldo diplomático de la Embajada de Estados Unidos al fallo judicial, Panamá se encuentra en el epicentro de un pulso global donde el control de la infraestructura crítica define el poder económico del mañana.
El desenlace de esta disputa no solo marcará el futuro de los puertos panameños, sino que enviará una señal determinante sobre la estabilidad y las reglas del juego para la inversión extranjera en toda la región.
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH.
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