La relación entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá ha experimentado un giro inesperado y significativo en las últimas horas, generando un profundo grado de incertidumbre en el horizonte. El contrato que dio origen a esta alianza, promovido por la Ley 406, parece tambalear ante una serie de acontecimientos políticos y legales que han sorprendido a propios y extraños.

11/01/2023. Ayer, en una sesión legislativa aparentemente rutinaria, la comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, que cuenta con una mixtura de diputados tanto oficialistas como de oposición, debatía el proyecto de ley 1110, que tenía como objetivo establecer una moratoria a la minería metálica. Sin previo aviso, los legisladores aprobaron la introducción de un artículo que busca la derogación del contrato minero de Minera Panamá.

El debate transcurría con normalidad hasta que el presidente de la comisión de Comercio, Roberto Ábrego, sorprendentemente decretó un receso. Durante este intervalo, se celebró una reunión a puerta cerrada entre los miembros de la comisión y el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jaime Vargas, junto con otros diputados oficialistas que no formaban parte de la comisión. Tras esta reunión, tanto los legisladores del oficialismo como de la oposición llegaron a un consenso sorprendente: la aprobación del artículo derogatorio de la Ley 406.

Un diputado de la comisión de Comercio y Asuntos Económicos reveló que la iniciativa de derogar el contrato minero provino de los diputados oficialistas de la comisión, a pesar de la inicial reticencia del Órgano Ejecutivo. Esto marca un hito en la evolución de la situación, ya que el presidente de la comisión, Roberto Ábrego, inicialmente había sostenido que un contrato ley no podía ser derogado por otra ley. Sin embargo, cambió de opinión rápidamente y votó a favor del nuevo artículo derogatorio.

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Paralelamente, la comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales celebró una sesión en la que se aprobó, en primer debate, el proyecto de ley 1109, que convoca a una consulta popular para decidir sobre la terminación o no del contrato de concesión minera. La presencia de los magistrados del Tribunal Electoral en esta sesión es un elemento importante a considerar. El magistrado presidente, Alfredo Juncá Wendehake, reiteró la importancia de garantizar condiciones mínimas de seguridad y movilización para los ciudadanos que participen en la consulta.

Este proyecto recibió cinco votos a favor y cuatro votos en contra, mostrando la división entre los diputados de diferentes partidos. La diputada Mayín Correa cuestionó la necesidad de celebrar una consulta popular cuando la comisión de Comercio ya había aprobado un artículo para derogar el contrato minero. Por su parte, el diputado Broce expresó su escepticismo sobre la sanción presidencial, sugiriendo que el presidente podría optar por sancionar el proyecto de consulta popular en lugar de la derogación de la Ley 406.

Tras su aprobación en primer debate, ambos proyectos fueron devueltos al pleno legislativo, que ahora podrá discutirlos en segundo debate en sesiones extraordinarias convocadas por el Órgano Ejecutivo. Estos acontecimientos se producen en un contexto de creciente tensión en el país, con manifestaciones en contra del contrato minero que han continuado durante diez días consecutivos en diversas regiones, incluyendo bloqueos en la autopista Arraiján-La Chorrera.

En medio de esta turbulencia política y legal, la empresa canadiense First Quantum Minerals Ltd., casa matriz de Minera Panamá, emitió un comunicado en el que informó que se había puesto en contacto con las autoridades panameñas para conocer más detalles sobre la convocatoria a la consulta popular. Además, la empresa mencionó que tenía conocimiento de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la Ley 406, algunos de los cuales ya habían sido admitidos por la Corte Suprema de Justicia.

El proceso legal de inconstitucionalidad, como se informó, seguirá su curso, con la publicación de un edicto en un periódico de circulación nacional y un período para presentar argumentos por escrito. El procurador general de la Nación, Javier Caraballo, emitió una observación calificando la Ley 406 como inconstitucional, lo que añade un nuevo elemento a la complejidad del caso.

En resumen, el futuro del contrato entre el Estado y Minera Panamá se encuentra en una encrucijada. La sorprendente aprobación de un artículo derogatorio por parte de la comisión de Comercio, sumada a la posibilidad de una consulta popular, han añadido una capa adicional de incertidumbre a esta controversia. Mientras el proceso legal sigue su curso, el país se encuentra inmerso en un debate sobre los límites y la viabilidad de una de las concesiones mineras más grandes del país.

Redacción con IA supervisada por periodista de DHH sobre información de laestrella.com.pa