Para nadie es un secreto que el gobierno de Nayib Bukele ha mantenido una “guerra” contra los pandilleros en El Salvador, amparada en un régimen de excepción que fue aprobado por el parlamento de ese país a pedido del presidente.

El detonante: la muerte de 87 personas del 25 al 27 de marzo del 2022. Desde entonces han sido detenidos 68.720 presuntos pandilleros, aunque unos 5.000 han sido liberados por no estar vinculados a estas bandas, según el gobierno.

En medio de esta batalla contra la delincuencia, el pasado 16 de mayo murió el agente de policía Maximino Vásquez a manos de pandilleros en ese país, desde ese momento el presidente ordenó un cerco con 5.000 soldados y 500 policías en la ciudad de Nueva Concepción, al norte de San Salvador.

Bukele prometió capturar a los responsables y así lo hizo, ayer confirmó que fueron detenidos tres pandilleros acusados de su presunta participación en el asesinato.

“Prometimos que pagarían caro por el asesinato de nuestro héroe (policía). Destruimos su clica (célula), arrestamos a sus compañeros, arrestamos a su líder, y hoy, arrestamos a los 3 asesinos”, consignó el mandatario en Twitter.

Los detenidos son José Armando Ochoa Gutiérrez, alias Sapo verde, Francis Antonio Gómez Calderón, Alias Monkey o mono, y Salvador Enrique Portillo Landaverde, alias C4, quien fue detenido en territorio guatemalteco. Los ahora detenidos “nunca más volverán a causar terror” en el país, agregó el presidente.

La Policía de Guatemala informó en Twitter que Portillo Landaverde, de 27 años, miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue detenido en la aldea Las Flores del poblado de Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa, fronterizo con El Salvador.

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El fiscal salvadoreño, Rodolfo Delgado, en rueda de prensa informó que han logrado “establecer” que Portillo Lanvaderde “fue quien efectuó los disparos que causaron la muerte” del policía.

En las próximas horas, según Delgado, presentarán ante un tribunal un “requerimiento” contra los detenidos en el que se incluirá el delito de “homicidio agravado” y solicitarán una pena de 30 a 50 años de prisión.

La operación militar para dar con la captura de los responsables comenzó en el caserío rural de La Cruz y se extendió luego a otras zonas rurales de Nueva Concepción. Las autoridades registraron viviendas y revisaban los documentos de identificación de transeúntes y conductores de vehículos y motos, según medios locales.

“Sepan que no vamos a detenernos hasta capturar a cada uno de los responsables de este vil asesinato”, declaró el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien comanda la operación junto al ministro de la Defensa, René Francis Merino.

La cruzada contra las pandillas cuenta con el apoyo de nueve de cada diez salvadoreños, según encuestas, pero organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica han criticado los métodos de Bukele.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el agente Vásquez murió al ser “atacado” por pandilleros “mientras patrullaba con otros policías” en Nueva Concepción.

Para recluir a los pandilleros, Bukele inauguró a inicios de febrero una “megacárcel” con capacidad para 40.000 presos, considerada la más grande de América Latina. Las pandillas fueron tomando el control territorial en el país tras el fin de la guerra civil y el gobierno les atribuye 120.000 muertes, muchas más que el conflicto armado (75.000).

Redacción DHH con información pública de AFP

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