El reciente memorando de entendimiento para la cooperación en el examen de solicitudes de protección, firmado entre Paraguay y Estados Unidos el pasado 14 de agosto en Washington D.C., ha generado un debate intenso en el país.
08/20/2025. Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de EE.UU. defienden su alcance y propósito, el Senado paraguayo ha expresado serias dudas y ha solicitado informes detallados sobre sus implicaciones.
La postura oficial: un avance bilateral, no una «invasión masiva»
El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, ha sido enfático al calificar el documento como un avance sustantivo en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. En una conferencia de prensa, desmintió categóricamente que el acuerdo implique una “migración masiva” o una “invasión desordenada” de personas en el país. Ramírez aclaró que el memorando es un “instrumento de consultas pertinente” entre ambos gobiernos y que no está destinado a personas con antecedentes penales o civiles, ni funciona como un mecanismo de espera para la resolución de asilo o refugio.
El canciller explicó que el acuerdo se enmarca en una agenda integral que abarca cuestiones migratorias, seguridad hemisférica, comercio internacional, inversiones, tecnología y desarrollo digital. Además, detalló que el documento permite administrar la admisión de refugiados a través de Conares, la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados, que opera bajo una ley del 2002.
Por su parte, el presidente Santiago Peña reafirmó que Paraguay no estará obligado a aceptar migrantes si no existen las condiciones para hacerlo. Subrayó que no hubo nada a cambio de la firma de este acuerdo y que Estados Unidos ya posee documentos similares con otros países, como Ecuador.
Desde la perspectiva estadounidense, Roberto Alter, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, negó cualquier vínculo entre este acuerdo migratorio y las sanciones impuestas al ex presidente Horacio Cartes, declarando que “no tiene nada que ver la una con la otra”. Alter explicó que el memorando responde exclusivamente a la necesidad de cooperación migratoria bilateral. Detalló que el objetivo principal es “abrir una conversación con respecto a los solicitantes de asilo que tenemos actualmente en Estados Unidos, que son muchos”. Ante la presencia de más de un millón de solicitantes de asilo activos y una capacidad limitada para atenderlos, Estados Unidos busca socios en la región para gestionar estas solicitudes. La decisión final sobre la recepción de personas dependerá de la voluntad de ambos países, evaluando cada caso de manera individual.
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Las dudas del congreso y el llamado a la transparencia
A pesar de las explicaciones oficiales, la Cámara de Senadores de Paraguay ha manifestado su preocupación y ha aprobado un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el acuerdo, referido por ellos como el «Acuerdo de Tercer País Seguro». La iniciativa, impulsada por los senadores Eduardo Nakayama y Celeste Amarilla, surge ante las dudas sobre el impacto que podría tener el convenio en materia migratoria, social y de seguridad.
Los legisladores han solicitado un detalle completo de los términos del acuerdo, incluyendo una copia del documento, los criterios de aplicación y los compromisos asumidos por Paraguay. Han expresado inquietud por la capacidad de la Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (CONARE), que cuenta con recursos limitados, en contraste con los cientos de miles de solicitudes de asilo que procesa anualmente Estados Unidos.
Entre las interrogantes clave planteadas por el Congreso se encuentran:
- ¿Qué apoyo financiero, logístico y técnico brindará Estados Unidos a Paraguay?
- ¿Cuál es la cantidad estimada de solicitantes que podrían llegar al país?
- ¿Qué criterios de selección se aplicarán y cuáles serán las obligaciones paraguayas?
- ¿Se evaluaron los riesgos sociales, económicos y de seguridad que podría generar el acuerdo?
El Senado ha otorgado al Ministerio de Relaciones Exteriores un plazo de 15 días hábiles para responder a estas consultas. Además, ha solicitado aclarar si el acuerdo necesita o no aprobación legislativa conforme a la Constitución Nacional. La mesa directiva del Senado evaluará la posibilidad de convocar al canciller Rubén Ramírez Lezcano para que explique en detalle el alcance del acuerdo.
Redacción DHH sobre lectura de agencias
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