Dos de los tres jueces liberales del tribunal supremo, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, discreparon públicamente la decisión; advierten sobre daños irreparables de revocar el parole.
05/30/2025. La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió la orden de la jueza federal de distrito Indira Talwani, de Boston, que detenía la decisión del gobierno de Donald Trump de poner al parole que protegía a 532 mil ciudadanos de cuatro países: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.. Con la decisión, unos 93.070 nicaragüenses quedan expuestos a una deportación rápida.
La decisión de la Corte Suprema sobre el parole para inmigrantes
Los jueces revocaron una orden de un tribunal inferior que mantenía vigente un permiso de permanencia temporal, de dos años, para 532 mil ciudadanos de cuatro países: Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Dos de los tres jueces liberales, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, discreparon públicamente la decisión de la Corte Suprema. De acuerdo con The Associated Press, la determinación “no es definitiva, pero significa que las protecciones no estarán vigentes mientras el caso siga su curso”.
Ahora, el caso de los nicaragüenses, y otros extranjeros, regresa al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EE.UU. en Boston.
La administración Trump presentó una apelación de emergencia ante el tribunal supremo después de que Talwani bloqueara su intento de terminar el programa.
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) argumenta que las protecciones para quienes huyen de la inestabilidad en sus países de origen siempre fueron temporales, y que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tiene la facultad de revocarlas sin intervención judicial.
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Jueces discrepan con la decisión de la Corte Suprema
El tribunal falló en su evaluación de si la administración tenía derecho a congelar la decisión de Talwani en espera del litigio, escribió la jueza Jackson en una opinión de disidencia adjunta. La jueza Sotomayor se unió a la discrepancia.
“Subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el gobierno altere precipitadamente las vidas y los medios de vida de casi medio millón de no ciudadanos mientras sus demandas legales están pendientes”. Agregó que la decisión no exige prácticamente nada al gobierno en cuanto a daños irreparables.
La decisión de la administración Trump fue la primera revocación masiva de un permiso humanitario, según los abogados de los migrantes, consignados por AP. Calificaron las medidas del gobierno como “el mayor evento de ilegalización masiva en la historia moderna de Estados Unidos”.
El caso también es el último de una serie de apelaciones de emergencia que el gobierno federal ha presentado ante la Corte Suprema, muchas de ellas relacionadas con la inmigración.
Con información de efe.com
