Florida se encuentra en medio de un intenso debate en torno a una controvertida ley que permitirá la aplicación de la pena de muerte a aquellos condenados por violación infantil. A partir del próximo domingo, esta nueva normativa entrará en vigencia, generando preocupación y cuestionamientos tanto a nivel nacional como local.

09/26/2023. La ley en cuestión, conocida como HB 1297, fue aprobada durante la sesión legislativa de mayo pasado y ha desatado un enconado enfrentamiento entre defensores y detractores de la medida. La HB 1297 autoriza la ejecución de personas condenadas por agresiones sexuales a niños menores de 12 años, siempre y cuando al menos 8 de los 12 miembros del jurado voten a favor de la pena máxima. Esta disposición va en contra de la doctrina de la Corte Suprema de los Estados Unidos y de la Corte Suprema del estado de Florida, lo que hace prever futuros desafíos legales.

La justificación detrás de esta polémica ley, según el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, es la «protección de los niños». En sus declaraciones, DeSantis ha enfatizado la gravedad de los crímenes sexuales cometidos contra menores de 12 años, calificándolos como los «peores de los peores» y alegando que los autores de estos crímenes suelen ser delincuentes en serie.

Sin embargo, esta medida ha generado una respuesta mixta por parte de la sociedad y expertos legales. Los críticos argumentan que la pena de muerte para casos de violación infantil es una respuesta desproporcionada y que va en contra de los estándares de derechos humanos. Además, señalan que la posibilidad de que un jurado emita un veredicto de pena de muerte podría verse influenciada por factores subjetivos, lo que aumentaría el riesgo de errores judiciales irreparables.

En caso de que menos de ocho miembros del jurado recomienden la pena de muerte, la ley establece que se impondrá la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta disposición busca ofrecer una alternativa a la pena de muerte, aunque también es motivo de controversia debido a la duración de la condena.

Además de la HB 1297, otras leyes también entrarán en vigor en Florida en los próximos días. Estas incluyen disposiciones que podrían obligar a los gobiernos locales a pagar los honorarios de los abogados cuando se considere que las ordenanzas son «arbitrarias o irrazonables». Este aspecto ha generado inquietudes sobre la capacidad de los gobiernos locales para legislar de manera efectiva sin temor a enfrentar costosos litigios.

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Otra medida que está llamando la atención es el aumento de las penas de prisión para traficantes y fabricantes de fentanilo, un potente opioide sintético que ha causado estragos en todo el país. Los jueces podrán imponer sentencias mínimas obligatorias de 25 años de prisión y multas de 1 millón de dólares a los adultos que vendan al menos cuatro gramos de fentanilo a menores a través de productos que se asemejen a caramelos.

Este endurecimiento de las penas en casos de tráfico de fentanilo refleja la preocupación de las autoridades por la creciente crisis de opioides que ha afectado a comunidades en todo Estados Unidos. Sin embargo, algunos defensores de los derechos civiles sostienen que estas penas mínimas obligatorias pueden resultar en una injusticia, al tratar de la misma manera a pequeños traficantes y a aquellos que están detrás de redes de distribución a gran escala.

En resumen, la entrada en vigencia de la nueva ley que permite la pena de muerte por violación infantil en Florida ha desencadenado un intenso debate en el estado y más allá. Mientras algunos la ven como una medida necesaria para proteger a los niños, otros argumentan que es una respuesta excesiva y que podría llevar a condenas injustas. La controversia que rodea a esta ley, junto con las otras disposiciones legislativas que entrarán en vigor, garantiza que Florida continuará siendo un campo de batalla legal y político en los meses venideros.

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