El fiscal de la Nación de Perú, Juan Carlos Villena, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de cohecho propio, en el marco de la investigación por beneficios al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

05/27/2024. La mandataria es sindicada de beneficiar a la autoridad regional con millonarios presupuestos para la ejecución de obras en Ayacucho. De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, la jefa habría recibido lujosos objetos como relojes Rolex, aretes de oro y una pulsera Bangle, por las transferencias que realizó el Poder Ejecutivo a la gestión de Oscorima.

La denuncia constitucional recaerá —en las próximas horas — en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que lidera la congresista de APP Lady Camones con la finalidad de que sea debatido en las próximas horas y admitido.

«De conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado (…) interpongo denuncia constitucional contra Dina Boluarte Zegarra, en su condición de presidenta de la República, como presunta autora del delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de cohecho pasivo impropio, ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 394″, dice el documento que accedió La República.

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Dina Boluarte: fiscal de la Nación busca levantar el antejuicio político

Tal como lo anunció La República, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, preparaba una denuncia constitucional contra Dina Boluarte respaldado por el artículo 1° de la Ley 27399.

Desde la Fiscalía se busca levantar el antejuicio político contra la jefa de Estado para formalizar la investigación en su contra; sin embargo, la estrategia que promueve Villena es complicada, por la obstrucción que representan la bancada de Fuerza Popular y grupos aliados que apoyan a Boluarte.

«Dina Boluarte habría incurrido en actos delictivos durante su desempeño funcional como presidenta de la República, por tanto, se encuentra sometida a la prerrogativa de antejuicio político y de acusación constitucional», precisa la denuncia constitucional en relación a las irregularidades en la gestión de Oscorima.

Con información de elcomercio.pe