El Gobierno de Perú presentó ante el Congreso un proyecto de ley «con carácter urgente» que plantea nombrar al presidente del Parlamento como responsable de la Presidencia cuando el jefe o jefa de Estado se encuentre fuera del país y no haya -como en la actualidad- vicepresidente en funciones.

La propuesta, presentada ante la Comisión Constitución y Reglamento del Congreso, permitiría que el actual titular de la Cámara Baja, José Williams, remplazara a la mandataria Dina Boluarte cuando ella tenga que ausentarse del país para realizar actividades en el extranjero.

Boluarte asumió la presidencia de Perú el 7 de diciembre en su carácter de vicepresidenta luego de la destitución del mandatario Pedro Castillo votada por el Parlamento.

De esta forma, el presidente del Congreso podrá realizar las funciones representativas y administrativas que permitan el normal desarrollo de la Presidencia, si bien no podrá llevar a cabo actos de Gobierno.

«Es válido en términos constitucionales concluir que debe ser el presidente del Congreso quien asuma el encargo del despacho presidencial en caso de que el presidente o la presidenta de la República viaje al exterior y sus vicepresidentes se encuentren impedidos de asumir tal encargo», se lee en el proyecto de ley, recogió la agencia de noticias Europa Press.

«Ahora bien, entendiendo que es un escenario ‘sui generis’ que el titular de un poder del Estado (en este caso, del poder legislativo) asuma la encargatura del despacho presidencial (…) no supone, bajo ningún contexto, que el presidente de la República de Perú encargado pueda llevar a cabo acciones diferentes a las de índole administrativa o representativa», continúa.

Esta propuesta tiene lugar después de los enfrentamientos entre el Congreso y el anterior Ejecutivo, presidido por Castillo, a quien -por ejemplo- en cuatro ocasiones el Legislativo le negó el permiso para que acudiera a compromisos en el exterior, alegando que estaba siendo investigado por la Fiscalía General y que existía riesgo de fuga.

El Congreso no le permitió al expresidente acudir a la investidura de Gustavo Petro en Colombia, ni encontrarse en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o con el papa Francisco en El Vaticano. Tampoco le permitió acudir a México para reunirse con su entonces homólogo Andrés Manuel López Obrador.