La crisis de inseguridad en Perú ha desatado una ola de protestas en el sector transporte, forzando un «apagado de motores» en Lima y Callao en rechazo a las extorsiones y asesinatos constantes. El clima de hartazgo se intensificó notablemente ante la respuesta del Ejecutivo, llevando a los transportistas a cuestionar la profunda falta de empatía y liderazgo del Gobierno de Dina Boluarte.
10/07/2025.
La solución simplista que provocó la furia gremial
El catalizador de esta medida de fuerza fue el reciente asesinato de un conductor de la empresa Lipetsa ocurrido en San Juan de Miraflores (SJM). Ante la escalada del crimen organizado, la presidenta Dina Boluarte sugirió a los transportistas una medida preventiva que resultó ser altamente controversial: «no abrir los mensajes ni responder llamadas» que reciben de parte de los delincuentes.
Boluarte instó a la ciudadanía a anotar el número de estos contactos no registrados y denunciarlos a la Policía, argumentando que un paro no resuelve la criminalidad.
Sin embargo, esta recomendación fue calificada inmediatamente como «simplista y desconectada» por el gremio. Julio Campos, dirigente de la Alianza Nacional de Transportistas, criticó severamente las declaraciones, confrontando a la mandataria con la cruda realidad que enfrenta su sector.
“Los extorsionadores no mandan saludos, mandan balas. Si no respondemos nos matan. Ya estamos cansados», sentenció Campos.
El dirigente señaló que el problema no radica en dejar de contestar, sino en que el Estado «empiece a responder». La inacción del Gobierno, según Campos, está afectando a transportistas, comerciantes, empresarios y emprendedores por igual, en medio de un aumento indiscriminado de extorsiones y asesinatos. César Hildebrandt también rechazó la idea de Boluarte para frenar las extorsiones, calificándola como un modo «sonso de tomar a la ligera la huelga».
Paro suspendido, no levantado: La amenaza sigue
El malestar generado por las afirmaciones de Boluarte motivó inicialmente a los gremios a considerar extender la protesta por 48 horas adicionales. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), relató que la indignación de los voceros casi convierte la situación técnica en una medida de fuerza más amplia.
Aunque posteriormente Ojeda aclaró que la medida de fuerza fue «suspendida», y no levantada, este acuerdo está condicionado a los avances que el Ejecutivo logre en la mesa de trabajo programada para el 14 de octubre. El gremio ha sido enfático en su ultimátum: «Si hay un muerto, hay paro», retomando la medida de fuerza de inmediato si se cobra una nueva vida de un transportista.
Mientras Ojeda y otros líderes coordinan reuniones urgentes con el Congreso y el Ministerio del Interior para abordar el aumento de los sicariatos, la división persiste dentro del sector.
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Miguel Ángel Palomino, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas del Perú, cuestionó el levantamiento del paro y responsabilizó al Gobierno y a los dirigentes que dialogaron por cualquier ataque futuro.
«Nosotros no hemos salido a jugar, hemos salido a protestar porque nos están matando todos los días», manifestó Palomino, criticando la demora de las coordinaciones y afirmando que Perú no puede esperar una semana más por una tregua. Esta postura disidente ha mantenido activos algunos focos de protesta, especialmente en San Juan de Lurigancho, donde empresas que alegan no sentirse representadas continúan bloqueando avenidas cruciales, forzando desvíos en el servicio del Corredor Morado.
La indolencia y la apatía del Gobierno frente a esta crisis de inseguridad han puesto en jaque la estabilidad del Ejecutivo y, según politólogos, podrían derivar en un nuevo estallido social. La ciudadanía, mientras tanto, sigue pagando el precio de esta crisis con la interrupción del transporte.
Redacción DHH sobre lectura de agencias
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