La presidenta peruana Dina Boluarte fue citada por la fiscalía para declarar en una investigación por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las protestas antigubernamentales que dejaron más de 60 muertos en tres meses.

Joseph Campos indicó a la radio local RPP que Boluarte debe declarar ante la fiscal general Patricia Benavides el 31 de mayo. La presidenta fue citada en enero, febrero y marzo, pero no ha declarado. En marzo no se la interrogó porque la procuraduría pidió ser incluida para participar en las diligencias.

La mandataria no se ha pronunciado durante la jornada. The Associated Press preguntó a la fiscalía sobre la citación a la mandataria, sin obtener respuesta al momento.

El primer ministro Alberto Otárola fue interrogado en enero y febrero en la misma investigación. Las protestas han dejado 67 muertos y más de 1.300 heridos, según la Defensoría del Pueblo. Casi todos los fallecidos son civiles, la mayoría recibió proyectiles de arma de fuego y algunos fueron impactados por tiros en la cabeza.

Por el rango de los investigados la indagación está a cargo de la fiscal general. El genocidio es castigado con una pena mínima de 20 años de cárcel. También están incluidos en la indagación el exprimer ministro Pedro Angulo y otros exfuncionarios.

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Acusación de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional (AI) y familiares de las víctimas de las protestas antigubernamentales de Perú acusaron este jueves a la presidenta Dina Boluarte de estigmatizar a los manifestantes en sus discursos, lo que provocó, según la organización, la legitimización social de las 49 muertes en choques con las fuerzas del orden.

“El Poder Ejecutivo de Perú, incluyendo la presidenta y el presidente Consejo de Ministros, estigmatizaron a los manifestantes como radicales violentos y ninguna vez pidieron cuentas públicamente a la Policía y al Ejército”, señaló la secretaria general de AI, Agnès Callamard, en una rueda de prensa en Lima.

La organización presentó su informe “Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú”, que analiza 52 casos de personas fallecidas o heridas durante las protestas desarrolladas desde diciembre.

“Aunque muchos protestas eran pacíficas, la presidenta deliberadamente difundió desinformación sin evidencias, y en lugar de condenar la actuación policial alabó a las fuerzas del orden llamándola ‘impecable’, causando un significante sufrimiento víctimas y familiares (…) lo que creo las condiciones en las que los ataques se legitimaron en los ojos de la sociedad”, indicó.

A la presentación del informe también acudieron familiares de víctimas fallecidas .en enfrentamientos con la fuerzas del orden.

Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre cuando su antecesor, el entonces presidente Pedro Castillo, intentó disolver el Parlamento y fue destituido. Castillo está detenido 18 meses por el presunto delito de rebelión en una cárcel para presidentes en Lima.

Desde entonces comenzó a encenderse las protestas en las zonas rurales del sur de los Andes las cuales exigían la renuncia de Boluarte y de los miembros del Parlamento. Las manifestaciones se extendieron en el sur hasta llegar a Lima, pero se apaciguaron desde mediados de febrero.

No obstante, el Congreso no ha decidido al momento adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias. Cuatro planes para acortar el mandato de Boluarte y de los legisladores fueron al archivo por no alcanzar los votos necesarios.

Según la más reciente encuesta de mayo de la firma Ipsos Perú, el 75% desaprueba a Boluarte y 16% la apoya.

Redacción DHH con información pública de latimes.com

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