Perú ha vuelvo a tomar la senda del escándalo político. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha sido acusada de ser la cabeza de una organización mafiosa que tiene sus ramificaciones en el Congreso más impopular de la historia reciente de ese país. Benavides no quiere ser arrastrada por la crisis.

11/28/2023. En un acto de supervivencia ha lanzado una acusación constitucional contra la presidenta provisional Dina Boluarte y su premier Alberto Otárola por las muertes de los manifestantes que salieron a las calles en el sur del país para pedir la dimisión del Gobierno interino a finales de 2022 y comienzos de 2023. Los peruanos observan atónitos esta nueva pelea en el poder político e institucional. «Este pleito parece un culebrón mexicano», ha manifestado la legisladora Sandra Paredes.

Todo comenzó horas atrás cuando el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder intervino la sede del Ministerio Público. Las investigaciones alcanzan no solo a Benavides sino a sus inmediatos asesores Alberto Hurtado Espinoza, Miguel Ángel Girado Isidro y, especialmente, Jaime Javier Villanueva Barreto. Este último es el que se encuentra más comprometido como consecuencia de unos chats que iluminaron los mecanismos de corrupción dentro del poder judicial y la legislatura.

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En una de las conversaciones que se hicieron públicas, Villanueva Barreto hizo valer su condición de mano derecha de Benavides para lograr que fuera inhabilitada una fiscal incómoda, Zoraida Ávalos. Este operador en las sombras le dio un toque de comedia a la crisis. Acorralado, se internó en una clínica limeña alegando problemas de salud. Los médicos lo refutaron. El acusado abandonó la camilla donde se había refugiado y se entregó a la policía.

Los fiscales Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena, pidieron la renuncia de Benavides «a fin de no afectar la investigación». Ella no quiere abandonar su cargo. Boluarte la ha desafiado al renunciar a su inmunidad presidencial para afrontar las investigaciones. «No teme que efectivamente se demuestre que no tiene una responsabilidad penal en los hechos que ocurrieron», informó su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa. El abogado de Boluarte, Joseph Campos, consideró que la denuncia constitucional es una respuesta política de la fiscal como parte de «una guerra interna» en el Ministerio Público. Aseguró que la denuncia presentada por Benavides «no tiene ni pies ni cabeza».

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