Las protestas antigubernamentales llegan a Lima este jueves con el llamado de organizaciones sociales, sindicales y regionales a participar en las manifestaciones ciudadanas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, así como la convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente.

Este miércoles, varios líderes de las manifestaciones afirmaron en una rueda de prensa que en su país no habrá «democracia ni paz», si Boluarte no renuncia a la jefatura del Estado.

El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, agregó que, así Boluarte renuncie al cargo, las manifestaciones continuarán si no se produce también un cambio en la mesa directiva del Congreso, que preside el conservador José Williams Zapata.

Boluarte no tiene vicepresidentes por lo que una renuncia suya implicaría que el presidente del Congreso asuma la jefatura del Estado por sucesión constitucional.

Durante la rueda de prensa, celebrada en la sede de la CGTP, los dirigentes insistieron en que este jueves se realizará «un paro nacional cívico-popular con movilizaciones pacíficas» en toda Lima.

En la conferencia estuvieron presentes dirigentes de regiones sureñas como Cuzco, Tacna, Moquegua y Apurímac, de las norteñas La Libertad, Lambayeque y Cajamarca, así como del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una zona del centro y sur del país donde se encuentran los mayores cultivos de hoja de coca de Perú.

Este miércoles, una mujer murió y otra persona resultó herida en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden que se presentaron en la ciudad de Macusani, en la región sureña de Puno, donde también se reportó que la sede judicial y la comisaría fueron incendiadas.

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Tras estos enfrentamientos, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, declaró al canal N que ve «un patrón» de ataques a instituciones de seguridad y la Judicatura durante las protestas antigubernamentales.

Sostuvo que hechos similares se han presentado en otras regiones sureñas como Cuzco, Apurímac o Ayacucho, y le pidió a la presidenta «que tome medidas, no represivas, no de sacar y disparar contra la gente, sino que tiene que buscar el justo equilibrio y poner orden«.

Por su parte, la Fiscalía de Perú afirmó que en su país «se respeta el derecho a la protesta dentro del marco de protección de los derechos humanos, que excluye a los actos de violencia», por lo que reafirmó «su compromiso y obligación de prevenir y perseguir el delito».

Desde diciembre pasado, las protestas han dejado 42 manifestantes y un policía muerto, mientras que otras nueve personas han perdido la vida por distintas causas provocadas por los bloqueos de carreteras y manifestaciones.