El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha pasado de la retórica de los discursos a la formalidad de los sellos oficiales. El viernes 26 de diciembre de 2025, mientras el país aún digería las festividades, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, lideró la inscripción ante la Registraduría Nacional del comité promotor que busca convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
12/26/02025. Este acto no solo activa un complejo engranaje jurídico, sino que reabre una herida ética en el debate público: la ruptura de la promesa de 2018.
El fantasma de los «12 Mandamientos»
Para la oposición y diversos analistas, este movimiento es visto como una contradicción frontal a los compromisos que Petro asumió en plena campaña presidencial de 2018. En aquel entonces, ante figuras como Antanas Mockus e Íngrid Betancourt, el hoy mandatario selló en «mármol» los denominados «12 mandamientos», donde el segundo punto prohibía taxativamente apelar a una constituyente para transformar las instituciones o mantenerse en el poder. Hoy, la realidad política es otra: el Ejecutivo justifica este cambio de rumbo bajo la premisa de un «bloqueo institucional» en el Congreso que ha impedido el avance de sus reformas sociales.
El «Poder Constituyente» contra el reloj
El comité, integrado por nueve representantes de diversos sectores sociales (incluyendo nombres como Armando Valbuena y Carlos Rosero), tiene ahora la titánica tarea de recolectar firmas en un plazo de seis meses. Aunque la ley exige el 5% del censo electoral (aproximadamente 2.1 millones de rúbricas), el Gobierno aspira a un respaldo masivo de entre 3 y 10 millones de apoyos para presionar políticamente al Legislativo.
Sin embargo, el camino hacia una nueva Carta Magna escarpado y lleno de obstáculos:
- El Congreso: Una vez validadas las firmas, tanto el Senado como la Cámara deben aprobar una ley para consultar a la ciudadanía. El Gobierno apuesta a que el nuevo Congreso, que será elegido el 8 de marzo de 2026, sea quien dé el visto bueno.
- La Corte Constitucional: Cualquier ley de convocatoria pasará automáticamente a revisión del alto tribunal, un proceso que podría tardar hasta seis meses.
- La viabilidad temporal: Dado que el mandato de Petro termina en agosto de 2026, expertos señalan que es logísticamente inviable que la Asamblea se materialice durante su administración.
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Una tormenta de reacciones: ¿Salvavidas o amenaza?
La respuesta de los sectores críticos ha sido feroz. La senadora María Fernanda Cabal tildó la iniciativa de «política barata», criticando la gestión actual en temas de seguridad y salud. Por su parte, la precandidata Paloma Valencia alertó que el proyecto busca la perpetuación en el poder y el desprecio por el equilibrio de poderes. Desde la institucionalidad, el procurador Gregorio Eljach fue enfático al señalar que los cambios urgentes pueden hacerse a través del Congreso actual, comparando la constituyente con un «globo que uno sabe dónde suelta, pero no sabe dónde va a caer».
Mientras el presidente Petro insiste en que «el pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia», el país se encamina a un 2026 donde la seguridad jurídica y la validez de la palabra presidencial serán sometidas al juicio de las urnas y los tribunales.
Redacción Elena Calzadilla sobre lectura de agencias
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