El Gobierno de Colombia ha tomado una decisión drástica para enfrentar la asfixia financiera que amenaza al país. Ante el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso a comienzos de diciembre, el presidente Gustavo Petro y su gabinete han firmado un decreto de emergencia económica para asegurar el recaudo de unos 16 billones de pesos (aproximadamente 4,129 millones de dólares) necesarios para equilibrar el presupuesto de gastos de 2026.
12/20/2025. Esta maniobra no es solo un movimiento administrativo; representa un estado de excepción que otorga al Ejecutivo la facultad de legislar directamente para evitar un colapso en las cuentas públicas y garantizar la continuidad de programas sociales.
El origen del «hueco» y la necesidad de acción
La crisis fiscal colombiana ha llegado a un punto crítico tras el deterioro de sus cuentas, lo que obligó a elevar la meta de déficit fiscal de este año al 7.1% del PIB, muy por encima del 5.1% original. Este escenario provocó que agencias calificadoras como Moody’s, S&P y Fitch redujeran la calificación soberana del país, encareciendo el endeudamiento externo.
Al archivarse la reforma fiscal en el Legislativo el pasado 9 de diciembre, el Gobierno quedó ante un dilema: realizar un recorte masivo al gasto público o buscar una vía jurídica extraordinaria para obtener los recursos. La elección fue la emergencia económica, amparada en el artículo 215 de la Constitución, que permite actuar cuando hechos extraordinarios perturban de manera grave el orden económico o social.
Lo que viene para el bolsillo: Los puntos clave del decreto
El Gobierno ha dejado claro que la intención es «revivir» lo fundamental de la reforma rechazada, pero ahora a través de decretos con fuerza de ley. Estas son las medidas que impactarán la economía nacional:
- Aumento del Gravamen Financiero: El popular impuesto a los movimientos financieros pasaría del 4×1.000 al 5×1.000 a partir de 2026.
- Impuesto al Patrimonio: Se establecería un tributo para personas jurídicas con patrimonios superiores a 40,000 UVT, con tarifas progresivas del 0.5% al 5%.
- Vicios y Azar: Incremento en las cargas para licores, cigarrillos, dispositivos de nicotina y juegos de suerte y azar, incluyendo el IVA a las apuestas en línea generado desde el depósito de dinero.
- Sectores Extractivos: Un impuesto especial del 1% sobre la primera venta o exportación de carbón y petróleo crudo.
- Enfoque en Grandes Capitales: El ministro del Interior, Armando Benedetti, subrayó que el peso de estas medidas recaerá sobre sectores con mayor capacidad, como las grandes entidades financieras, buscando proteger a la clase media.
Más allá de los números: seguridad y defensa
Un aspecto innovador y analítico de esta emergencia es su vínculo con el orden público. El Gobierno argumenta que se requieren 1.6 billones de pesos de manera urgente para adquirir tecnología antidrones. Según Benedetti, la naturaleza de la guerra en zonas como el Cauca y el Norte de Santander ha cambiado; el uso de drones por grupos criminales exige una inversión inmediata que el presupuesto ordinario, tras el revés en el Congreso, no puede cubrir sin comprometer el pago de la deuda externa.
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Los riesgos de la excepcionalidad
A pesar de la urgencia, el camino no está libre de obstáculos. Todas las decisiones tomadas bajo la emergencia económica están sujetas a:
- Control de la Corte Constitucional: El tribunal revisará que las medidas sean proporcionales y tengan una relación directa con la crisis. Si la Corte considera que no se cumplen los requisitos, podría tumbar los decretos.
- Control Político: El Congreso mantiene la facultad de modificar o derogar estas normas el año siguiente.
- Incertidumbre de Mercados: Algunos sectores gremiales advierten que esta medida podría aumentar la incertidumbre económica en lugar de solucionarla.
En resumen, el Gobierno de Petro ha decidido «saltarse» el bloqueo legislativo utilizando una herramienta constitucional de emergencia para tapar un agujero fiscal de 16 billones de pesos. Es una apuesta de alto riesgo que busca estabilizar la economía y la seguridad, pero que ahora queda en manos de los jueces de la Corte Constitucional.
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH sobre lectura de agencias
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