El presidente Gustavo Petro rompió un silencio de casi 22 horas para desmentir categóricamente las explosivas revelaciones periodísticas que señalan presuntas infiltraciones de las disidencias de las FARC en entidades del Estado y en las Fuerzas Armadas. El mandatario colombiano catalogó la información como «falsa» y arremetió con fuerza, asegurando que se trata de una estrategia para «purgar» a los funcionarios que luchan contra la corrupción.
11/24/2025. Las revelaciones, hechas por Noticias Caracol, apuntan a supuestas conexiones de las disidencias comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá (actualmente en proceso de paz con el Gobierno), con instituciones clave como Indumil y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El informe incluso menciona que estas personas estarían colaborando para constituir empresas fachada de seguridad con el fin de legalizar el armamento utilizado por la guerrilla.
La defensa presidencial: «es falso» y el fantasma de la corrupción
A través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), el presidente Petro fue enfático al negar las acusaciones que involucran a altos mandos, incluyendo al General del Ejército Juan Miguel Huertas (Jefe del Comando de Personal) y a Wilmer Mejía (alto funcionario de la DNI).
«Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wilmer son falsos», escribió el jefe de Estado.
El presidente presentó una narrativa alternativa, sugiriendo que las denuncias son una retaliación directa a las investigaciones anticorrupción que su Gobierno está adelantando. Petro afirmó que este escándalo es un intento de «querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del Ejército corruptos».
Según el mandatario, gracias a la labor de estos funcionarios se han podido detectar y detener varios casos graves, incluyendo «el robo de armas al Ejército en la Guajira» y, fundamentalmente, la «entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad».
El retrovisor hacia la administración Duque
Petro utilizó el escándalo para sacar el «espejo retrovisor» y culpar a la administración de su antecesor, Iván Duque. El presidente aseguró que la entrega de permisos legales para la creación de compañías de seguridad controladas por criminales fue «masivo» durante el gobierno anterior.
«El negocio se intentó perpetuar, pero lo detuve», aseveró Petro, enfatizando que al suspender esta práctica en su Gobierno se detuvieron «miles de millones de pesos de sobornos» que facilitaban el «uso del Estado para el paramilitarismo».
Aunque el mandatario asegura haber suspendido este «negocio», la investigación de Caracol contrasta esta versión al señalar que el General Huertas, uno de los funcionarios defendidos por Petro, habría propuesto en reuniones en Bogotá con delegados de Calarcá la creación de una empresa de seguridad como fachada, una operación que evoca las tácticas usadas por estructuras paramilitares en los años noventa.
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Reacciones y exigencias
El mandatario concluyó su pronunciamiento exigiendo que las agencias de inteligencia del Estado hagan públicos sus informes sobre este asunto. Además, hizo un llamado urgente a «cortar de inmediato» los lazos entre oficiales del Ejército y la Policía.
En medio de la tormenta política, se ha revelado que los archivos digitales de las disidencias de Calarcá —incautados tras la detención de una caravana en Anorí, Antioquia, el 23 de julio de 2024— contienen evidencias que, según el informe periodístico, la Fiscalía posee desde hace más de un año sin avanzar en investigaciones.
Ante la gravedad de las acusaciones, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que ordenó iniciar un proceso interno riguroso para esclarecer los hechos, asegurando que se proporcionará toda la información necesaria a la Fiscalía. Por su parte, el expresidente César Gaviria instó al presidente Petro a «devolver la conducción de las Fuerzas Armadas a mandos con trayectoria profesional».
Redacción Elena Calzadilla para DHH sobre lectura de agencias
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