El presidente Gustavo Petro ha utilizado la absolución judicial de su principal antagonista, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, como el catalizador para lanzar de inmediato su más ambicioso proyecto: la convocatoria al “ejercicio del poder constituyente” mediante una recolección masiva de firmas.
10/21/2025. La maniobra del jefe de Estado se produjo minutos después de que el Tribunal Superior de Bogotá revocara la condena impuesta previamente a Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Petro interpretó el fallo como una evidencia del poder persistente de las «viejas estructuras políticas», declarando que la decisión judicial «tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia». La respuesta fue una convocatoria urgente a sus seguidores para congregarse este viernes 24 de octubre en la Plaza de Bolívar y dar inicio a la recolección de cerca de 2.5 millones de rúbricas necesarias para impulsar la Asamblea Nacional Constituyente.
El desafío del narcoterrorismo legislativo
El llamado a la constituyente ocurre en medio de una intensa presión del Congreso de la República, que exige al Gobierno Nacional un reconocimiento formal de una amenaza externa crucial: el denominado Cartel de los Soles.
Tanto la Cámara de Representantes como el Senado han declarado formalmente a esta estructura como una «organización narcotraficante transnacional y financiadora del terrorismo». La Cámara, con 76 votos a favor, exhortó al Gobierno para que adopte esta calificación en el marco de su política exterior y de seguridad. Se argumenta que esta organización, señalada por agencias internacionales de estar vinculada al régimen venezolano (y acusada por Estados Unidos de tener a Nicolás Maduro al frente), constituye una «amenaza directa contra la seguridad nacional».
Sin embargo, el presidente Petro ha marcado un claro distanciamiento con esta postura, llegando incluso a negar públicamente su existencia en el contexto de sus investigaciones judiciales sobre narcotráfico. Petro ha señalado que en sus pesquisas «no aparece un ‘cartel de los soles'».
La constituyente como escape o consolidación
Ante la absolución de Uribe y el requerimiento legislativo sobre el Cartel de los Soles —dos frentes de oposición simultáneos—, el presidente optó por escalar el conflicto al plano constitucional.
El plan del Gobierno para la constituyente ya está delineado. Después de la recolección y certificación de firmas (equivalentes al cinco por ciento del censo electoral), se presentaría al Congreso una «ley del pueblo». Esta ley definiría los temas específicos a tratar y el mecanismo para elegir a los delegados. Solo después de la aprobación de esta ley en el Congreso, el país votaría para convocar la Asamblea.
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Los ministros de Justicia, Eduardo Montealegre, y del Interior, Armando Benedetti, han explicado que el objetivo no es redactar una nueva Carta Magna, sino «completar el Estado social de derecho» y remover los «obstáculos institucionales» que impiden los cambios prometidos. Entre los temas centrales que se buscaría revisar se encuentran reformas sociales como la redistribución de la tierra, la justicia laboral, la educación pública y la respuesta frente a la crisis climática. Se plantea que esta Asamblea sería corta, de apenas «tres o cuatro meses».
De esta manera, el presidente Petro transforma dos desafíos políticos inmediatos—la liberación de su némesis y la presión por definir la política antidrogas internacional— en un llamado directo a la soberanía popular. El jefe de Estado concluyó su convocatoria con una advertencia: “Ha llegado la hora de las definiciones y quien defiende no es Trump, sino el pueblo”.
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH.
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