La madrugada del 20 de enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas no fue solo un incidente diplomático, sino el epicentro de una operación financiera de gran calado. Según revela el diario El Español, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, negoció a pie de pista con el entonces ministro José Luis Ábalos la entrega de 6 millones de barriles de crudo Boscán. Esta transacción, valorada en aproximadamente 250 millones de dólares, tenía como fin último la presunta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista.
03/24/2026. El caso se profundiza tras la entrega tras la entrega, por parte del empresario Víctor de Aldama, de un sobre con pruebas documentales al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. El comisionista realizó una declaración de dos horas ante la Fiscalía donde vinculó directamente el cupo de petróleo venezolano con el sostenimiento económico de la formación liderada por Pedro Sánchez. Los investigadores otorgan una sólida credibilidad a este relato tras detectar un anticipo de 5 millones de euros derivado de esta negociación que terminó en una cuenta bancaria en Rusia.
El origen del escándalo: de una trama de hidrocarburos al corazón de Ferraz
El caso no nació de forma aislada, sino que emergió de las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española dentro del denominado «caso hidrocarburos». Durante los registros al presunto testaferro de Aldama, Luis Alberto Escolano, los agentes hallaron una fotografía de un sobre con un sello oficial de la Vicepresidencia de Venezuela. Ante la contundencia de este indicio, Aldama decidió colaborar con la justicia, confirmando que dicho sobre contenía la certificación de PDVSA necesaria para canalizar los fondos irregulares.
La documentación entregada incluye un certificado clave fechado el 4 de febrero de 2020, apenas dos semanas después del encuentro en Barajas, que acredita la puesta a disposición del crudo con un vencimiento de 45 días. Según la declaración judicial de Aldama, este documento fue el resultado directo de lo acordado entre Rodríguez y Ábalos en la zona restringida del aeropuerto. Aunque la exportación total de los 6 millones de barriles no se materializó completamente, el flujo de dinero a través de cuentas extranjeras confirma que la operación trascendió de un simple acuerdo verbal.
En el centro de esta estructura financiera emerge la figura de Francisco Enrique Flores Suárez, un empresario venezolano vinculado a PDVSA bajo sospecha de actuar como intermediario o testaferro en la red. La UCO investiga si este individuo facilitó la logística para que el crudo sirviera de moneda de cambio, además de analizar sus presuntas reuniones en Caracas con Aldama y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El fallecimiento de Flores Suárez, anunciado por su grupo inversor poco después de que el Tribunal Supremo de Venezuela abriera un caso en su contra, añade un manto de misterio y complejidad a la instrucción judicial en España.
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Finalmente, la investigación se ha ramificado en una pieza separada que rastrea todos los pagos en metálico efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024. El juez Moreno ha requerido al partido información exhaustiva sobre estas entregas de efectivo, rechazando cualquier intento de limitar el alcance de las pesquisas a los exdirigentes investigados. Este escenario pone en una situación crítica al Gobierno, especialmente tras confirmarse por mensajes de la UCO que Pedro Sánchez dio el visto bueno a la visita de Delcy Rodríguez, a pesar de que la mandataria tenía prohibida la entrada al espacio Schengen.
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH según lectura de reportajes de elespanol.com y theobjective.com
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