En un intento por revivir el agonizante debate migratorio en Estados Unidos, la congresista republicana María Elvira Salazar, junto a la demócrata Verónica Escobar, presentó esta semana una nueva versión de la “Ley Dignidad”. El proyecto bipartidista busca construir un puente legal para millones de inmigrantes indocumentados, sin ofrecer amnistía automática, mientras refuerza los mecanismos de seguridad fronteriza.

07/15/2025. El texto retoma elementos de una iniciativa frustrada en 2023, proponiendo un plan escalonado que combine control migratorio estricto con oportunidades de legalización para aquellos con más de cinco años de residencia continua en el país. La oferta incluye: verificación de antecedentes, pago de impuestos pendientes y empleo estable como requisitos mínimos.
Además, se prevén beneficios para dreamers y titulares de TPS, así como reformas al sistema de asilo —con resoluciones aceleradas en frontera— y la creación de centros de procesamiento migratorio en América Latina para desincentivar entradas irregulares.
Los trabajadores agrícolas podrían acceder a visas especiales si demuestran contribución sostenida al sector. También se plantean mejoras en los trámites de visas laborales y familiares, junto con incentivos para talentos graduados en áreas STEM.
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Aunque el plan busca evitar etiquetas como “amnistía”, los críticos de ambos flancos ya afilan sus argumentos: los sectores conservadores lo consideran una rendija para la regularización masiva, mientras los grupos proinmigrantes cuestionan los altos requisitos y el endurecimiento en frontera.
Con casi $50 mil millones en juego para seguridad fronteriza —producto de legislaciones previas— el debate vuelve a escena con un nuevo nombre, pero la misma pregunta de siempre: ¿puede el Congreso convertir la “dignidad” en política concreta?.
Redacción DHH sobre lectura de agencias
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