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Rusia contrataca y declara búsqueda y captura al fiscal de CPI

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El Comité de Instrucción de Rusia incoó un caso penal contra el fiscal y los jueces de la CPI, al señalar que la búsqueda penal del presidente ruso «tiene un deliberado carácter ilegal, ya que no hay motivos para imputar una responsabilidad criminal».

El Ministerio de Interior de Rusia declaró hoy en busca y captura al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Ahmad Khan, que dictó una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, según el portal independiente Mediazona.

El medio publicó una captura de pantalla del sistema de búsqueda del Ministerio de Interior ruso en el que figura la foto y otros datos personales del fiscal.

Anteriormente, el presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alexandr Bastrikin, anunció que también serían declarados en busca y captura los demás jueces del CPI vinculados a la orden de arresto: Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y el costarricense Sergio Gerardo Ugalde Godínez.

La CPI emitió el 17 de marzo una orden de arresto contra Putin como «presunto responsable» de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que supone un crimen de guerra.

También emitió otra orden de arresto contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.

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El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) respondió a esta orden de arresto e incoó un caso penal contra el fiscal y los jueces de la CPI, al señalar que la persecución penal del presidente ruso «tiene un deliberado carácter ilegal, ya que no hay motivos para imputar una responsabilidad criminal».

El caso incluyó nombres del fiscal y de los tres jueces del CPI.

El CIR acusa a Khan de adoptar una «decisión ilegal sobre el arresto del presidente de la Federación Rusa» y la Defensora de los Derechos del Niño, María Lvova-Belova.

Según dicho órgano, las acciones del fiscal contienen indicios de delitos contemplados por el código penal ruso, entre otras cosas, por adoptar medidas contra el representante de un Estado protegido por las normas internacionales «con el fin de entorpecer las relaciones internacionales».

Subraya que, según las convenciones internacionales, los jefes de Estado tienen «inmunidad absoluta» con respecto a la jurisdicción de otros países.

Redacción DHH sobre información pública de EFE.

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