El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido una orden ejecutiva para bloquear y revertir de forma obligatoria la adquisición de operaciones de semiconductores por parte de una firma con vínculos directos con la República Popular China. La medida, firmada este viernes, apunta directamente a la empresa HieFo, una entidad legalmente constituida en el estado de Delaware pero bajo el control operativo de un ciudadano chino.
01/02/2026. El decreto presidencial no solo prohíbe a HieFo mantener cualquier derecho o propiedad sobre los activos adquiridos, sino que declara nula la transacción comercial que se había cerrado originalmente en abril de 2024. Los activos en disputa pertenecían anteriormente a EMCORE, una compañía estadounidense con sede en Nueva Jersey, y abarcan elementos fundamentales de la cadena de suministro tecnológica, incluyendo el diseño, la fabricación y el procesamiento de obleas de chips.
Un imperativo de seguridad nacional
La justificación central de la Casa Blanca para esta intervención drástica es la protección de la integridad del país. Según el documento oficial, existen «pruebas fidedignas» de que HieFo podría realizar acciones que comprometan la seguridad nacional de los Estados Unidos a través de la gestión de estos activos estratégicos. Bajo este argumento, la administración ha impuesto un plazo estricto de hasta 180 días para que la empresa controlada por capitales chinos complete un proceso de desinversión forzosa.
Esta acción administrativa pone de relieve la desconfianza sistémica hacia las inversiones extranjeras que puedan servir como puentes para la transferencia de tecnología sensible hacia Pekín. El control de los semiconductores es visto hoy como el epicentro de la competencia geopolítica y tecnológica global, donde la manufactura avanzada y la inteligencia artificial dictan el equilibrio de poder.
El contexto de una guerra tecnológica total
La decisión de Trump se enmarca en una estrategia más amplia de Washington para ejercer un control férreo sobre sectores estratégicos, limitando la influencia de China en la economía interna de los Estados Unidos. Curiosamente, esta política de mano dura contra la propiedad china de infraestructura crítica coincide con reportes de que la administración planea revisar y posiblemente rescindir ciertas restricciones previas impuestas por la gestión de Biden sobre la exportación de chips de inteligencia artificial, sugiriendo un enfoque que prioriza la propiedad y seguridad del suelo estadounidense sobre las meras limitaciones comerciales de exportación.
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Con esta orden, el gobierno estadounidense envía una señal contundente a los mercados internacionales: cualquier transacción que involucre tecnología de doble uso o componentes esenciales para la defensa y la economía digital será escrutada bajo la lupa de la seguridad nacional, sin importar si la empresa compradora opera bajo leyes locales como las de Delaware. La batalla por el dominio del silicio continúa siendo la prioridad máxima en la agenda exterior y económica de Washington frente a sus rivales asiáticos.
Redacción Elena Calzadilla para DHH.
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