La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó una reforma al Código Penal de Perú que responsabilizaría y penalizaría a la prensa por informar sobre las protestas sociales que deriven en disturbios. La organización consideró que la medida es contraria a principios internacionales sobre libertades de prensa, expresión y asociación.

09/13/2023. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte solicitó al Congreso la modificación del Código Penal para castigar penalmente a los instigadores de disturbios en manifestaciones públicas. La medida incluye como instigadores a creadores de contenido, usuarios de redes sociales y a periodistas y medios de comunicación que informen o compartan datos sobre convocatorias a protestas sociales. El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) pidió el archivo inmediato de la propuesta, que atenta contra la libertad de expresión.

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, rechazó la reforma. Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times dijo: «En las sociedades democráticas, las libertades de prensa, expresión, reunión y protesta son derechos de acción individual y colectiva para expresar ideas, oposición o denuncias. Restringir esos principios atenta de forma flagrante contra las convenciones internacionales sobre derechos humanos».

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, expresó que «la modificación del Código Penal daría legitimidad a la criminalización de periodistas en Perú, quienes podrían ir a la cárcel por la cobertura de actos sociales que las autoridades consideren disturbios».i

Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, se refirió a las declaraciones de Chapultepec y Salta de la SIP, que establecen que ningún medio o periodista debe ser castigado o imponérseles responsabilidades legales por divulgar críticas o denuncias contra el poder político en temas de interés público.

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Greenspon y Jornet instaron al gobierno a retirar el proyecto de modificación del Código Penal por cercenar derechos que están contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos y arraigados en las sociedades democráticas.

Redacción pública de sipiapa.org