En un fallo que marca precedente, un tribunal federal de apelaciones frenó la ofensiva del presidente estadounidense Donald Trump contra la ciudadanía por nacimiento. La corte calificó como inconstitucional su orden ejecutiva que buscaba eliminar este derecho para hijos de inmigrantes indocumentados o con visado temporal, negando su implementación a nivel nacional.
La demanda —impulsada por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregon— logró frenar el decreto presidencial, el cual contradice abiertamente la Enmienda 14 de la Constitución de 1868, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense. Los jueces, en una decisión 2-1, respaldaron el dictamen anterior de un tribunal inferior, afirmando con claridad: “Negar la ciudadanía a nacidos en EE.UU. no tiene sustento constitucional”.
Los estados demandantes no solo alegaron violación legal, sino que advirtieron sobre daños económicos graves: desde pérdida de reembolsos federales hasta gastos adicionales para administrar un sistema que excluiría a niños que antes eran considerados ciudadanos.
Este revés legal no solo paraliza la orden ejecutiva, sino que reaviva el debate sobre los límites del poder presidencial frente a los derechos garantizados constitucionalmente.
Redacción DHH sobre lectura de agencias
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