El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la liberación inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, suspendiendo la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta por soborno a testigos y fraude procesal. La decisión, lejos de cerrar el caso, abre una nueva batalla judicial que promete escalar hasta lo más alto del sistema.
Desde el Congreso, el senador Iván Cepeda —víctima reconocida en el proceso— reaccionó con firmeza: “Respetamos esta decisión, pero no la compartimos”. Su equipo jurídico ya prepara la apelación, convencido de que la libertad de Uribe podría convertirse en una herramienta de presión sobre la justicia.
La frase que se volvió tendencia en redes sociales lo resume todo: “Libre no es igual a inocente”, dijo la representante María del Mar Pizarro, reflejando el sentir de quienes temen que el poder simbólico del exmandatario influya en el desenlace del proceso.
Mientras sectores del Centro Democrático celebran lo que consideran una victoria jurídica, voces del Pacto Histórico advierten que la independencia judicial está en juego. El caso, sin precedentes en la historia del país, mantiene a Uribe en libertad, pero bajo la sombra de una condena que aún podría confirmarse en segunda instancia.
Redacción DHH sobre lectura de agencias
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