La Corte Suprema despejó el viernes el camino para que la administración Trump levante las protecciones para más de 300.000 inmigrantes venezolanos que habían estado viviendo en Estados Unidos sin riesgo de deportación.
10/03/2025. Era la segunda vez en cuatro meses que los jueces acordaban permitir que los migrantes fueran deportados.
En una iteración anterior del caso, los jueces acordaron en mayo bloquear temporalmente la orden de un juez para retener las protecciones. Esa orden no estaba firmada y no daba razones. Solo la jueza Ketanji Brown Jackson disintió.
El caso luego regresó al juez Edward M. Chen del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Norte de California, quien falló por segunda vez el mes pasado a favor de los inmigrantes después de revisar un nuevo reclamo y recibir evidencia adicional. Chen dijo que no estaba obligado por la orden de la Corte Suprema de mayo, y señaló que «no proporcionó ningún análisis específico».
En su breve orden sin firmar, la mayoría conservadora de la corte dijo que «aunque la postura del caso ha cambiado, los argumentos legales y los daños relativos generalmente no lo han hecho». Por esa razón, dijo el tribunal, «el mismo resultado al que llegamos en mayo es apropiado aquí».
Los tres jueces liberales señalaron su disidencia, y Jackson criticó duramente a sus colegas por un «grave mal uso» del expediente de emergencia.
La mayoría, escribió, ha usado su poder «para permitir que esta administración interrumpa tantas vidas como sea posible, lo más rápido posible».
Jackson acusó a la mayoría de «privilegiar erróneamente la afirmación descarada del poder ejecutivo sin restricciones sobre las súplicas de innumerables familias por la estabilidad que nuestro gobierno les ha prometido».
Si bien el fallo de la corte del viernes es nuevamente temporal, significa que cientos de miles de inmigrantes venezolanos corren el riesgo de ser deportados de inmediato mientras continúa el litigio. Después de la orden inicial de la Corte Suprema, los abogados de los inmigrantes dijeron que «muchos miles de familias fueron separadas», los venezolanos que habían sido protegidos perdieron sus trabajos, fueron encarcelados y «deportados a un país que sigue siendo extremadamente inseguro».
El presidente Donald Trump ha tratado de poner fin a las protecciones bajo el programa de Estatus de Protección Temporal como parte de sus agresivos esfuerzos de deportación masiva.
Al pedirle a la Corte Suprema que detenga la última orden de Chen, el procurador general D. John Sauer dijo que las acciones del juez eran otro ejemplo del «fenómeno cada vez más familiar e insostenible de los tribunales inferiores que ignoran las órdenes de este tribunal en el expediente de emergencia».
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Mientras la orden de Chen esté vigente, los abogados del Departamento de Justicia le dijeron a la corte que la administración Trump «debe permitir que más de 300,000 ciudadanos venezolanos permanezcan en el país, a pesar de su determinación razonada de que hacerlo incluso temporalmente es ‘contrario al interés nacional'».
El programa de Estatus de Protección Temporal, promulgado por el Congreso y promulgado por el presidente George H.W. Bush como parte de la Ley de Inmigración de 1990, permite a los migrantes de naciones que han experimentado desastres nacionales, conflictos armados u otras inestabilidades extraordinarias vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos.
El caso comenzó en febrero, cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, intentó poner fin a una extensión de 18 meses de las protecciones para ciertos migrantes venezolanos que había otorgado la administración Biden.
Con información de wlrn.org
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