Venezuela electoral: un año de legitimidad en disputa y represión electoral con urnas vacías

Un año después de las polémicas elecciones presidenciales de 2024, Venezuela se encuentra en un punto crítico donde la desconfianza en el sistema electoral ha consolidado el poder del chavismo y ha empujado a una parte significativa de la oposición a la abstención

07/28/2025. Las denuncias de fraude y la falta de transparencia en los comicios de hace un año han sembrado un clima de temor y han profundizado la crisis política y social en el país sudamericano.

El Origen de la Desconfianza: Elecciones Presidenciales 2024 bajo Sombra de Fraude

Las elecciones presidenciales de 2024, que declararon a Nicolás Maduro como ganador, fueron rápidamente cuestionadas por la oposición venezolana, que denunció un fraude generalizado y, como prueba, publicó el 80% de las actas de escrutinio que, según ellos, demostraban el triunfo del candidato Edmundo González. La respuesta estatal fue una «represión brutal» a las protestas que surgieron, la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de «terrorismo de Estado».

A pesar de las exigencias de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y numerosos países latinoamericanos de que se publicaran los resultados desglosados, mesa por mesa (como era la tradición), el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el oficialismo, no ha presentado las pruebas que demuestren el triunfo de Maduro un año después. Esta falta de transparencia ha derivado en un control político casi absoluto del oficialismo y una cuestionada legitimidad del presidente.

El propio Maduro ha afirmado que está construyendo una «nueva democracia» alejada del modelo liberal y representativo tradicional, declarando que la «democracia occidental está agotada» y que la «democracia falsa» se acabó en Venezuela. Sin embargo, esta narrativa contrasta con la persistente demanda internacional por el reconocimiento de la legitimidad de su gobierno, condicionada a la presentación de las evidencias de su triunfo electoral.

La Abstención Opositora y el Afianzamiento del Poder Chavista

Ante lo que perciben como un proceso electoral sistemáticamente viciado, la dirección de la oposición, con líderes como María Corina Machado, ha llamado a la abstención. Esta postura se ha traducido en una significativa baja participación en los comicios posteriores:

• En las elecciones regionales de mayo, la participación fue de apenas el 25%.
• En las elecciones locales de este domingo, el CNE reportó una participación del 44%, pero expertos como Eugenio Martínez la rebajan al 29%.

Esta desconfianza opositora ha sido capitalizada por el oficialismo para ampliar su poder institucional, logrando:

• Gobernar en 23 de los 24 estados del país en las elecciones regionales.
• Ganar en 285 de los 335 municipios (85%) en los comicios locales.
• Mantener una amplia mayoría de casi el 90% de los curules en el Parlamento.

Expertos en comunicación política como Carmen Beatriz Fernández afirman que con estas acciones, el chavismo ha enviado un mensaje claro: «Nosotros solo jugamos a la democracia siempre y cuando no perdamos el poder», y que «el camino de la alternancia política o del cambio político por la vía electoral en Venezuela se cerró luego del 28J». Este «juego de microdemocracia» busca mantener una narrativa de democracia electoral hacia el exterior, mientras que internamente el mensaje es de control absoluto.

Un País Bajo el Manto del Miedo y la Represión Sistemática

Más allá de lo electoral, Venezuela ha visto recrudecer la crisis política y social, marcada por un «clima de temor». Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han denunciado una violación sistemática de derechos humanos contra los críticos del gobierno.

Las tácticas incluyen:

• Arrestos masivos y arbitrarios: En cuestión de semanas tras las elecciones de 2024, 2.400 personas fueron arrestadas, incluyendo decenas de niños y adolescentes. Muchos fueron acusados de «terrorismo», delito que se castiga con hasta 30 años de prisión. A la fecha, 853 presos políticos siguen detenidos según el Foro Penal.
• «Operación Tun Tun»: Una campaña nacional para intimidar, acosar y reprimir a la población, incluyendo el uso de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias.
• Desapariciones Forzadas de Corta Duración: Esta práctica, considerada «crimen de lesa humanidad», consiste en aprehender a personas sin orden judicial, mantenerlas incomunicadas por días, semanas o meses, y no llevarlas ante un juez en el plazo legal de 48 horas. El Alto Comisionado de la ONU ha documentado 84 de estos casos en el último año.
• Torturas y Malos Tratos: Muchos detenidos han sido sometidos a «palizas, descargas eléctricas y asfixia con bolsas de plástico, aislamiento y reclusión en celdas de castigo diminutas, oscuras y hacinadas».

El fiscal general, Tarek William Saab, ha desacreditado estas denuncias, alegando que «usan los derechos humanos para dañar nuestra imagen» y negando la existencia de «desapariciones forzadas exprés». Sin embargo, la persistencia de estas prácticas ha generado que la posibilidad de ser detenido sin saber por cuánto tiempo ni tener contacto con familiares sea una «herramienta eficaz para inhibir a la disidencia». La experta Carmen Beatriz Fernández interpreta esta estrategia como una señal de debilidad del régimen, que busca «darle estabilidad a su régimen autoritario» a través del miedo.

Impacto Económico y la Persistencia de la Crisis

La incertidumbre política y las sanciones internacionales han tenido un profundo impacto en la economía venezolana. La anulación, y posterior reversión, de la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en el país, impulsada por las dudas sobre los comicios, afectó la ya precaria producción petrolera. Aunque la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha reportado un aumento en la producción, expertos señalan que el grueso del crudo venezolano se vende a China con descuentos significativos debido a las sanciones, lo que reduce los ingresos del Estado.

Esta expectativa de menores petrodólares ha provocado una drástica devaluación del bolívar (52.2% entre enero y junio de este año) y un repunte de la inflación (250% en el último año según firmas independientes). La devaluación y la inflación golpean particularmente a los asalariados públicos y jubilados, cuyo salario mínimo permanece congelado desde 2022 en apenas 130 bolívares (poco más de US$1 al cambio oficial), muy por debajo de la canasta alimentaria de US$527.

A pesar del optimismo oficial, que asegura un crecimiento económico, expertos ponen en duda la veracidad de las cifras y advierten que, si bien la decisión a favor de Chevron podría frenar la depreciación del bolívar, un crecimiento sostenido requiere la flexibilización de las sanciones, lo cual no ocurrirá mientras las autoridades venezolanas no sean reconocidas internacionalmente.

En un contexto donde el voto ha dejado de ser un «instrumento de cambio político» y la represión sistemática siembra el miedo, Venezuela enfrenta un futuro incierto. La comunidad internacional y los actores internos continúan buscando caminos para impulsar mejoras sustanciales en derechos humanos y desmantelar lo que HRW llama la «maquinaria de terror estatal».

Redaccion de Albitrio Fabrepe sobre lectura de agencias