El cardenal Baltazar Porras, reconocido por su postura crítica hacia el gobierno venezolano, denunció el sábado 25 de octubre de 2025 que fue víctima de un «despliegue militar» e impedimentos coordinados que evitaron su llegada a Isnotú, estado Trujillo. El líder religioso tenía previsto presidir este domingo 26 de octubre una misa de acción de gracias por la reciente canonización de San José Gregorio Hernández.
La situación de bloqueo, que escaló desde advertencias telefónicas hasta un cerco en un aeropuerto, ha desatado un nuevo foco de tensión entre el régimen chavista y la cúpula de la Iglesia Católica.
Según relató Porras en un video difundido en su cuenta de Instagram, los impedimentos comenzaron la noche anterior, 24 de octubre, cuando recibió una llamada del viceministro de Cultos, Edgar Arteaga. Arteaga advirtió a la Conferencia Episcopal sobre la «inconveniencia» de su presencia en Trujillo, citando supuestos rumores de disturbios.
Horas después, el cardenal fue notificado por correo electrónico y WhatsApp de la suspensión de su vuelo comercial de Conviasa, que había sido reprogramado hasta el 28 de octubre. Sin embargo, Porras pudo confirmar que, a pesar del aviso, el avión partió y llegó a Valera, Trujillo, sin novedad.
Desvío forzado y cerco armado
Ante la cancelación del vuelo comercial, el cardenal optó por viajar en una aeronave privada desde Maiquetía. Durante el trayecto, la comitiva fue desviada a Barquisimeto. La justificación oficial dada a los pilotos fue la existencia de «vientos muy fuertes» en el aeropuerto de Valera o «condiciones climáticas adversas», alegando que la terminal de Trujillo estaba cerrada. Esta excusa fue desmentida por el propio Porras, quien verificó que el aeropuerto de Valera estaba funcionando con normalidad y continuaba recibiendo otros vuelos.
El escenario más dramático ocurrió tras el aterrizaje forzoso en Barquisimeto: el cardenal y su grupo de cinco personas fueron rodeados por «una cantidad de militares armados hasta los dientes». El cardenal opositor describió la situación como un «inusual despliegue militar» que los dejó «prácticamente confinados».
Al intentar alquilar un vehículo para proseguir su camino por tierra, la «fuerza pública» vetó la acción y les impidió salir del lugar. El grupo no recibió ninguna explicación formal, solo lograron escuchar que el bloqueo respondía a «órdenes superiores».
Finalmente, el cardenal Porras se vio obligado a regresar a Maiquetía.
Un «atropello a un derecho fundamental»
El cardenal, cuya intención era estrictamente religiosa—celebrar la misa en el pueblo natal del nuevo santo, siguiendo la tradición eclesiástica—, condenó enérgicamente las acciones de las autoridades.
Porras calificó lo ocurrido como un «atropello a un derecho fundamental» y cuestionó el control excesivo y la falta de libertades, preguntando a la opinión pública: «¿Cuál es el delito que se ha cometido para que no pueda uno ir a cumplir con un deber y con un deber religioso?”. También señaló que la presencia militarizada y la restricción de movimiento contradicen el ejemplo de vida de San José Gregorio Hernández.
Este incidente ocurre en medio de una intensa confrontación verbal. Días antes, el dictador Nicolás Maduro había arremetido públicamente contra Porras, acusándolo de «haber conspirado» durante años para impedir la canonización del santo venezolano. Estas declaraciones surgieron poco después de que el cardenal calificara la situación nacional como “moralmente inaceptable” debido a la disminución de las libertades y la militarización gubernamental.
La líder opositora María Corina Machado también repudió el bloqueo, tildándolo de «violencia desesperada contra la Iglesia» y una escalada represiva del régimen. A pesar de esta controversia, la Iglesia Católica venezolana anunció la cancelación de una misa multitudinaria prevista en Caracas por la canonización, aunque aclaró que la suspensión se debió a motivos logísticos y de seguridad, no a presiones políticas.
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH.
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