Mariana González, hija del líder opositor y presidente electo Edmundo González Urrutia, rompió el silencio con una denuncia que sacude los cimientos del sistema judicial venezolano: su esposo, Rafael Tudares Bracho, lleva 300 días desaparecido tras ser detenido por el régimen, sin acceso a defensa legal ni información sobre su paradero.
“¿Cómo se defiende alguien cuando todo está diseñado para impedir su defensa?”, escribió Mariana en su cuenta de X, en un mensaje cargado de dolor y desesperación. La joven acusa al Estado de someter a su esposo a un “juicio clandestino” mediante audiencias telemáticas, sin garantías procesales ni presencia física. Según ella, la Defensoría Pública ha actuado con opacidad, negándole el derecho a una defensa privada.
Rafael Tudares enfrenta cargos por presuntos delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento, pero su familia sostiene que las acusaciones son infundadas y que su detención responde a una estrategia de intimidación política. Mariana asegura que no ha recibido fe de vida ni conoce el lugar de reclusión de su esposo, lo que configura una desaparición forzada según estándares internacionales.
La denuncia se produce en un momento crítico para Venezuela, donde la tensión política se intensifica de cara a las elecciones. Mariana González exige justicia, transparencia y apoyo internacional, mientras su testimonio se convierte en símbolo de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el país.
“Esto no es justicia. Esto es represión disfrazada de legalidad”, concluye Mariana, en un llamado que resuena más allá de las fronteras venezolanas.
Redacción DHH.
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